A puñetazos
Enrique Guillén Funes, diputado de la DC, fue uno de los más exaltados, al grado que le lanzó un teléfono a Francisco Reyes López pero el aparato impactó en Carlos García Porras —ambos del FRG—, quien le dio una bofetada. Guillén Funes agredió a Rodolfo Rosales García-Salas, dirigente político que protestaba en la puerta del Legislativo, y luego rompió una bandera nacional.
El desorden y el caos se apoderaron de los demás legisladores, quienes insultaban a miembros del Partido de Avanzada Nacional, a los que tildaban de “corruptos y sinvergüenzas” por no haber firmado un documento de renuncia de los 116 diputados.
Frente al Congreso, empleados del Estado se habían congregado para exigir la depuración de todo el Organismo Legislativo.
Toman el Congreso
El 7 de septiembre de 1993, sindicalistas e integrantes del Grupo de Apoyo Mutuo y del Comité de Unidad Campesina ingresaron de manera violenta al estacionamiento del Congreso, donde rompieron puertas y gritaban: “¡Que renuncien!”.
Ancianas ocuparon las curules y fueron las primeras en levantar la mano en señal de que habían logrado expulsar a algunos parlamentarios.
Los sindicalistas, sentados en las butacas, vociferaban: “¡El pueblo tiene que escucharnos, pues los diputados han manejado a su antojo la legislación y no vamos a permitir más abusos!”.
“Sesión del pueblo”
Luego de instalarse en las curules, la dirigente Nineth Montenegro y otros sindicalistas ocuparon el lugar de la junta directiva para celebrar la primera “Sesión del pueblo”.
También aprobaron una ley popular que disponía el desafuero de 116 parlamentarios y reformas a la Ley Electoral. Además, dieron dos meses de plazo para celebrar elecciones parlamentarias.
El 7 de septiembre de 1993, Helio Sánchez, fiscal del Ministerio Público, informó sobre el proceso contra 116 diputados por los delitos de violación a la Constitución, omisión de denuncia, abuso de autoridad y anticipación de funciones públicas, por haber elegido a otra junta directiva. También se iniciaría proceso en contra de sindicalistas que ocuparon el parlamento.
El 27 de septiembre de 1993 surgió un acuerdo entre los diputados para la depuración del Congreso mediante reformas constitucionales.
Crisis similares
El Movimiento Ciudadano exigió el 19 de septiembre de 2000 la renuncia del entonces presidente Congreso, José Efraín Ríos Montt, por haber alterado la Ley de Bebidas Alcohólicas.
El Grupos Pro Justicia pidió la renuncia a los diputados el 14 de noviembre de 2004, por haber pretendido subirse el sueldo. El 1 de agosto de 2008, legisladores exigieron la renuncia del diputado Eduardo Meyer Maldonado, por el desvío de Q82.8 millones del Congreso a una casa de bolsa.
Durante una marcha en contra de los entonces mandatarios Otto Pérez y Roxana Baldetti, el 15 de agosto de 2015 manifestantes exigieron la renuncia de los diputados por haber protegido a Pérez Molina y no retirarle la inmunidad.
