Estos dos partidos nombraron a diez representantes cada uno; los otros 60 constituyentes fueron nombrados por el gobierno militar.

Una de las ponencia de los constituyentes fue la creación del Tribunal Constituyente, el cual se llamaría posteriormente Corte de Constitucionalidad (CC). La idea de integrar un ente que velara por los preceptos constitucionales surgiría durante el III Congreso Jurídico Guatemalteco que se realizó en esta capital.

Los representantes de la asamblea informaron en aquella oportunidad que el ente velaría por el orden constitucional y sería permanente y autónomo.

La CC estaría integrada por 12 magistrados e incluiría al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Constitución promulgada el 15 de septiembre de 1965 quedó en suspenso luego de un nuevo golpe de Estado que derrocó al presidente Romeo Lucas García, en 1982.

Prensa Libre, en su portada del 15 de septiembre de 1965, dio a conocer la nueva Carta Magna, que dio vida al orden constitucional.

Los diputados liberacionistas Mario Sandoval Alarcón, secretario general del MLN, y Manuel Villacorta Vielman, estamparon sus firmas. El acto se celebró en el despacho del presidente de la Asamblea Constituyente, Vicente Díaz Samayoa. Ese día, los únicos que no firmaron la Carta Magna fueron los legisladores José García Bauer y Luis Pérez Velásquez, debido a diferencias políticas.

Convento de La Merced, Antigua. (Video: tomado de Youtube)

Inconformidad de García

García Bauer se negó a firmar la Constitución, lo cual provocó incidentes entre los constituyentes; la razón fue una carta que monseñor José Girón Perrone, vicario general de la Arquidiócesis de Guatemala, envió a Díaz Samayoa, en la cual expresaba su malestar porque a la Iglesia no se le había concedido ningún derecho, como lo establecieron los próceres en el artículo XI del Acta de Independencia.

La carta del vicario decía: “Con un respetuoso saludo deseo expresar al excelentísimo señor presidente de la asamblea nacional constituyente y los demás integrantes de ese alto poder y que por estar asistiendo personalmente a las sesiones del concilio ecuménico Vaticano II, y estar a cargo del gobierno eclesiástico deseo comunicar lo siguiente:

1- Que al tener noticias de que el próximo 15 de septiembre del año en curso, será promulgada la nueva constitución de la república y aprobada en redacción final pudimos observar que no se otorgó ninguna consideración democráticamente, así como ningún derecho a la iglesia católica.

La religión es un derecho constitucionalmente considerado y hoy no goza de esos derechos la iglesia guatemalteca que otras religiones mayoritarias poseen en otros países auténticamente democráticos que sí se les reconocen como un estado.

En lo que corresponde a sus bienes, no puede aceptar que una disposición unilateral, inconsulta por parte del poder público, pretenda dar por finalizado lo que en cualquier nación respetuosa de los derechos que competen a Dios, debe ser motivo de convenios sobre la base de bien y entendida justicia y equidad.

Por lo consiguiente, se deja clara constancia, ante la conciencia de los honorables diputados y de la conciencia del pueblo católico, que antes de promulgarse la nueva constitución política que regirá los destinos del país, así como de que cualquier bien inscrito a favor del Estado que pertenezca a nuestra sacrosanta iglesia deberé resolverse .

2- Queda públicamente constancia, de nuestro respeto y consideración a las autoridades civiles, en lo que no constituya subestimación de los sacrosantos derechos de nuestra religión católica.

En verdad, como ya lo dijo Su Santidad León XIII: “La iglesia que manda a obedecer primero y sobre todo a Dios, Soberano Señor de todas las cosas, no podría sin injuria y falsedad, ser detenida por enemigos así como la potestad civil, y no usurpar de algún derecho de los principios de la iglesia católica”.

Carta, fuera de tiempo

Ningún contratiempo sufrirá la promulgación de la Constitución de la República de Guatemala, con la carta que envió Girón Perrone, manifestaron entonces los constituyentes.

Solo en quien tuvo efectos la misiva del prelado fue en García Bauer, quien dijo que no firmaría el texto constitucional “en vista de que en la Constitución no se reconoce ningún derecho especial para la Iglesia”.

García Bauer, uno de los máximos defensores de los derechos de la Iglesia en el seno de la asamblea, llegó a la oficina del diputado Amoldo Otten Prado, donde manifestó que en el texto constitucional “no se le daba nada especial a la iglesia”.

En ese momento ingresó Sandoval Alarcón y al enterarse de la actitud de su colega dijo que la Iglesia no tenía ninguna razón para tomar tal actitud, palabras que provocaron un altercado entre ambos representantes.

“¿Acaso no se dio en el capítulo de la cultura, la oportunidad de dar enseñanza religiosa en los colegios?”, dijo Sandoval, a lo cual García Bauer respondió: “Eso es un derecho divino”. Sandoval lo increpó: “A la Iglesia no se le puede dar nada porque ustedes son muy avorazados”.

Se comentó en los círculos de la cámara que la carta enviada por Girón Perrone estaba totalmente a destiempo, porque la Asamblea ya había concluido su trabajo.