Para Flor de María Racancoj será dificil olvidar la frustración que experimentó en septiembre del año pasado durante la celebración de las fiestas patrias en la Escuela Oficial para Niñas Antonia de Marure, Quetzaltenango. Precisamente en el día de la Independencia, tuvo que quedarse encerrada en la clase, por vestir traje típico y no el uniforme de la escuela.

Desde el inicio del ciclo escolar, Edgar Racancoj había acordado con las autoridades de la escuela que su hija vestiría a diario su traje tradicional y no el uniforme. Sin embargo, el acuerdo fue ignorado, y Flor de María fue excluida de participar en el acto cívico. La marginación sufrida por esta niña indígena es una de muchas historias de racismo en Guatemala, las mismas que el pueblo maya ha debido enfrentar durante muchos años. Su caso quedó registrado en la Defensoría de los Pueblos Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el expediente 53-01/DE.

Un mal historico

Para analizar el racismo, es indispensable abordar la historia. Durante cinco siglos, los indígenas han estado condenados a la discriminación y el trabajo forzado y se les ha privado del acceso tierra, como lo señaló en su visita a Guatemala el entonces Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

“Son 300 años de vasallaje en los cuales los indígenas fueron dominados por un imperio que los conquistó y organizó para sus propios fines. Luego, 200 años de vida republicana e independiente, con un Estado que en la época 4 liberal, sobre todo, consideraba a los indígenas como mano de obra barata y explotable para la acumulación de riquezas de una pequeña oligarquía y esto no ha cambiado. Esa desigualdad hace que el acceso a la tierra sea el problema fundamental que encuentra la mayoría de la población indígena”. dijo.

El teórico francés Focault también señala que “los Estados más homicidas son a la vez los más racistas”, una premisa que la historia se ha encargado de corroborar, y que en el caso de Guatemala también se ha cumplido. Las cifras que revelan el costo de la guerra así lo demuestran.

El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reporta que el 8333 por ciento de las víctimas fueron mayas, mientras que el 16.61 por ciento eran ladinos. La misma comisión plantea en sus conclusiones que el racismo fue un elemento importante para que el Ejército perpetrara 626 masacres en los pueblos mayas.

Pocos cambios

Seis años después de la firma de la paz, de acuerdos que hablan de una nación democrática y multicultural, el panorama sigue siendo el mismo. El archivo de la Defensoría de Pueblos Indígenas está repleto de historias de violaciones y atropellos, consecuencia de la discriminación por raza y etnia. Las autoridades de dicha defensoría aseguran que en los últimos meses las denuncias han ido en aumento. Sin embargo, son aún muy pocas, comparadas con la marginación racial a la que diariamente deben enfrentarse los indígenas y que prefieren sobrellevar en silencio. En lo que va de este año se abierto 58 expedientes, de los cuales 18 son casos específicos de racismo o discriminación étnica. Ni siquiera la Iglesia Católica o ciertas instituciones del Estado que pregonan principios de igualdad y fraternidad se escapan de los señalamientos.

El caso 007-02 narra la historia de un hombre que fue detenido en Quetzaltenango por agentes de la Policía Nacional Civil por portar copal, la resina que se utiliza en las ceremonias mayas, aduciendo que se trataba de un delito forestal. En la denuncia 051-02 se indica que cuatro mujeres, trabajadoras de la Secretaría Presidencial de la Mujer, son víctimas de trato racista en dicha institución. El caso 014-02 refiere que en Sololá, tras 101 años de existencia y a pesar de contar con el respaldo de la comunidad, la alcaldía indígena fue despojada de su sede por el alcalde municipal, quien mandó cambiar la cerradura de la puerta.

En el caso 046-02, los principales de la cofradía del barrio San Antonio, Sololá, denuncia- ron el rechazo del sacerdote de la iglesia católica y del obispo de Sololá, quienes pretendían despojarlos del lugar sagrado denominado Kai Kan, lo cual atenta contra la integridad, los valores, principios y derechos del pueblo maya kaqchikel de Sololá.

Junto a estos casos, más denuncias se ventilan también en la Defensoría Maya, otra instancia que vela por los derechos de los pueblos indígenas.