Los cuatro magistrados de la Cámara Penal argumentaron que el Estado de Guatemala debe asegurar la sentencia de la CIDH que demandó que se investigue, juzgue y sancione a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Carpio y sus acompañantes. El citado tribunal internacional emitió esa resolución el 22 de noviembre del 2004.

Para el efecto, agrega el documento, el Estado debe garantizar la seguridad a los testigos, autoridades judiciales, fiscales y familiares de las víctimas, para tramitar el nuevo proceso judicial.

También el tribunal internacional ordenó pagar US$1 millón 300 mil a los familiares de las víctimas.

En el fallo, los magistrados de la CSJ exponen que Guatemala como integrante de la comunidad internacional reconoce la jurisdicción de la CIDH, por lo que el Estado no puede obstruir o impedir el cumplimiento de la sentencia del tribunal internacional.

Agrega que el fallo de la CIDH se fundamenta en la falta de una investigación objetiva y capaz de probar los hechos y deducir las responsabilidades penales.

Por ello, la CSJ resolvió anular la sentencia absolutoria contra cinco de los sindicados de los asesinatos, y la reanudación de la persecución penal contra todos los que resulten responsables del asesinato de Carpio y tres de sus acompañantes.