Los últimos funcionarios que quedaban oficialmente como emisarios extranjeros, por ser representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), se irán en los próximos días, después de que el 10 de abril la entidad decidiera (por 18 votos a favor) aceptar al enviado de Guaidó, Gustavo Tarre, como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones.
La fecha límite para que la delegación de Maduro abandone el edificio es el 25 de abril, pero los activistas aseguran que no se moverán de allí. Su objetivo, según la organización Code Pink, es evitar que “la oposición venezolana tome el edificio diplomático que pertenece al gobierno electo” y, para ello, organizaron “una vigilia las 24 horas, los siete días de la semana para proteger la embajada”.
“Estoy aquí porque estoy furiosa porque estamos viendo un golpe de estado en cámara lenta. Durante mi vida he visto suficientes golpes e intervenciones militares estadounidenses y siempre terminan mal para la gente del país”, dice a la AFP Medea Benjamin, militante de Code Pink.
La resolución de la OEA considera que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato, “carece de legitimidad” y por lo tanto también los funcionarios nombrados por él.
“El 24 es el último día que los embajadores de Venezuela ante la OEA pueden estar en el país; tienen que irse, por lo que el 25 esperamos que la oposición intente tomar el control”, explica a la AFP Kevin Zeese, codirector de la organización Popular Resistance.
Venezuela sufre hiperinflación y una aguda escasez de alimentos y medicinas. Según la ONU, en este contexto más de 3 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años.
Violaciones a los derechos humanos
Los activistas, que cuentan con la anuencia del gobierno, organizan actos culturales y se turnan para permanecer en el edificio. Algunos vienen de otras ciudades estadounidenses.
Dentro de la embajada, los despachos parecen haber sido abandonados con premura. Aunque muchos de los discos duros de los ordenadores ya no están y los archivadores fueron vaciados, en los escritorios se acumulan pilas de pasaportes.
Benjamin, conocida por irrumpir en actos oficiales con gritos de consignas políticas, suele interrumpir las sesiones de la OEA sobre Venezuela al grito de: “Hands of Venezuela” (Manos fuera de Venezuela), frase que ha repetido el presidente Maduro.
No obstante, esta mujer siempre vestida de rosa, es crítica con el gobierno venezolano.
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“Nosotros podemos criticar a un gobierno y aún así defender con nuestros cuerpos, como estamos haciendo aquí, la soberanía de las naciones”, dice Benjamin, que sin embargo reconoce “violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en marzo que su oficina “documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales” en Venezuela, incluyendo “asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas”.
“Ser una barrera”
Los despachos vacíos están decorados con retratos de Simón Bolívar, el fallecido presidente Hugo Chávez y Maduro. En los sofás, hay sacos de dormir de los activistas.
En uno de los muros cuelga un afiche con el logo de Citgo, la filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que quedó aislada de su matriz por las sanciones impuestas en Estados Unidos.
Un enorme mapa del mundo con el sur arriba, preside una de las habitaciones con vista al canal de Georgetown.
El objetivo de Zeese, según dice, es “ser una barrera”.
“Pensamos que es muy evidente que, según la ley internacional, el gobierno estadounidense debería estar protegiendo este edificio”, dice este abogado de 63 años que estudia interponer un recurso judicial para impedir la entrada de los delegados de Guaidó.
En marzo, Carlos Vecchio, designado por Guaidó como su embajador en Washington, anunció la toma del control de tres sedes diplomáticas, incluyendo la de Nueva York.
En la cuarta planta de la embajada de Washington, un anciano activista de barba blanca camina por las habitaciones vacías de una delegación que tenía decenas de funcionarios.
“Estoy segura de que hay violaciones a los derechos humanos que tenemos que denunciar, pero eso no es lo mismo que decir que apoyamos el golpe”, concluyó Benjamin.
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