La campaña consiste en una recogida de firmas para una carta dirigida al secretario  (ministro) de Gobernación  (Interior) de México, Francisco Blake, en la que denuncian que el prelado “lleva varios años”  sufriendo “acoso”  e “intimidación”  por parte de “funcionarios del Estado y de residentes en la zona”.

“Nadie ha rendido cuentas por estos hechos, y el padre Solalinde no ha recibido la protección necesaria para llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias”, agregó AI.

La ONG cree que el albergue Hermanos en el Camino, localizado en el sureño estado de Oaxaca, “ofrece un lugar seguro a los migrantes que se exponen a sufrir abusos de bandas delictivas y funcionarios del Estado”.

AI recuerda que en junio de 2008 “en torno a cincuenta personas irrumpieron en el centro y amenazaron con incendiar el edificio si no lo cerraban en un plazo de 48 horas”.

Aquella turba la encabezaba “el alcalde de Ciudad Ixtepec y catorce agentes de la policía municipal”, contra quienes no se iniciaron investigaciones ni acciones legales de ningún tipo.

La carta, que cuenta ya con medio millar de firmas, concluye con un ruego al ministro mexicano para que “proporcione al padre Solalinde y a su equipo protección efectiva, conforme a sus propios deseos, de modo que puedan continuar con su trabajo en favor de los derechos humanos sin temor a represalias”.

Entre las últimas denuncias públicas realizadas por Solalinde destaca la de haber declarado que medio centenar de indocumentados centroamericanos podrían haber sido víctimas de un secuestro masivo el pasado 16 de diciembre en un punto cercano al municipio de Chahuites, próximo a Ixtepec.

El Gobierno de México investiga los hechos tras ser urgido a ello por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos ciudadanos podrían estar entre los secuestrados.

El pasado 11 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH, defensoría del pueblo) pidió también a la Secretaría de Gobernación “medidas cautelares”  a favor del sacerdote y de los habitantes del albergue Hermanos en el Camino “al considerar que su vida e integridad física corrían peligro”.

AI cuenta con más de 2.2 millones de miembros repartidos por alrededor de 150 países, en los que denuncia abusos a derechos humanos de todo tipo.