Los diez diputados del partido CUP (izquierda radical), su único aliado en el Parlamento catalán en defensa de la declaración independentista y que ha apoyado la propuesta de “desconexión” del Estado español, también han rechazado su reelección por su vinculación a casos de corrupción y que haya hecho poca política social en una época de crisis económica.

Tras el rechazo a Artur Mas en la votación de este martes en el Parlamento catalán, está previsto que el jueves próximo se celebre una segunda ronda, de nuevo con Mas como candidato y para la que le bastaría una mayoría simple.

Para ello debe conseguir algún apoyo adicional o la abstención de al menos una docena de diputados.

Durante el debate de este martes, Mas ha acusado al PP (centro derecha), el partido que gobierna en el Ejecutivo central, haber “sembrado la semilla de la discordia” en el conflicto Cataluña-España.

“Lo más lamentable de todo es que han disfrutado, se lo han pasado bien”, ha denunciado Mas, que considera a los populares como “directísimamente responsables” de un choque territorial que les “permite ganar votos, que es lo único que les ha preocupado siempre”.

En paralelo, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, ha emitido un informe en el que resuelve que la resolución secesionista tiene una clara “voluntad de desobediencia o desacato” a la Constitución y al orden institucional y contraviene los principios de soberanía nacional y unidad de la nación española.

Este informe, que será presentado como fundamento jurídico para el recurso que mañana presenta el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, cree que la resolución soberanista “implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder constituyente-” y “niega” el orden constitucional vigente en su conjunto.

Si todas las previsiones se cumple y el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno central, la resolución de independencia será suspendida inmediatamente y los magistrados tendrán un período de hasta cinco meses para dirimir la inconstitucionalidad o no de la moción de los secesionistas catalanes y llegar a una sentencia.

En esta misma jornada, el presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió este martes con el líder del principal partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, para evaluar los pasos que se deben dar en defensa de la Constitución y de la ley tras el desafío secesionista.

Ambos están en sintonía para defender la unidad de España y utilizar para ello todos los instrumentos de que dispone la legislación española.

Por otro lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha ordenado a todos los cuerpos de seguridad españoles, incluido la policía regional, a que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran “delitos contra la forma de Gobierno”, en los que se enmarcarían también la sedición o rebelión.