La noticia de que el rey emérito Juan Carlos I abandonará España tras saberse que sus finanzas están siendo investigadas por la justicia en España y Suiza ha sacudido a la nación europea.
BBC NEWS MUNDO
Juan Carlos I: la ruptura pública del rey Felipe VI con su padre y su hermana para tratar de salvar la reputación de la monarquía en España
La Casa Real española vive días convulsos.
El rey de España, Felipe VI, ha tomado la decisión de distanciarse de su padre ante los escándalos recientes. (Foto Prensa Libre: Getty Images)
Expertos consultados por BBC Mundo hablan de “una de las peores crisis institucionales” desde que se restableciera la democracia en España en 1978.
En los últimos años varios escándalos han salpicado a la Corona, obligando al rey Felipe VI a tomar medidas sin precedentes para salvar la reputación de la institución que encabeza desde 2014, tras la abdicación de su padre.
Primero fue el turno de la infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, quienes en 2013 fueron imputados por varios delitos, entre ellos malversación de fondos, prevaricación y fraude.
Urdangarin se encuentra en la actualidad cumpliendo una condena de más de 5 años de cárcel.
Ahora, es el rey emérito Juan Carlos I, padre del actual monarca, el que está en el centro de la polémica.
Este lunes, Juan Carlos I comunicó por carta a su hijo su decisión de abandonar España a causa de “ciertos acontecimientos sobre su pasado”.
El rey emérito no especificó a qué se refería, pero se interpreta que su decisión está relacionada con las informaciones publicadas en los últimos meses sobre supuestas operaciones financieras irregulares en las que estaría involucrado y las investigaciones judiciales en marcha.
Y aunque Juan Carlos no ha sido imputado, muchos creen que el daño a la imagen de la monarquía ya está hecho.
El rey Felipe VI ha respondido a este escándalo y al de su hermana distanciándose de ambos públicamente.
Este martes, el presidente de España, Pedro Sánchez, celebró la postura de la Casa Real “por marcar distancias” con Juan Carlos I.
“No se juzgan instituciones, se juzgan personas”, aseguró Sánchez.
Sin embargo, algunos expertos dudan de que este “cortafuegos” utilizado por el monarca sea suficiente para reparar la maltrecha reputación de su familia.
Deterioro de imagen y ruptura drástica
Hasta hace unos años, la corona gozaba de una buena imagen entre la opinión pública española. Especialmente, debido al papel protagonista de Juan Carlos I en el restablecimiento y consolidación de la democracia en España tras las casi cuatro décadas del gobierno militar de Francisco Franco.
“La corona española se había ganado su legitimidad, no solo por la Constitución, sino por su ejercicio. Pero ahora es evidente que esa legitimidad se ha deteriorado“, afirma a BBC Mundo Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
El último capítulo de ese deterioro se inició hace unos meses, cuando se conoció públicamente que el fiscal Yves Bertossa de Ginebra, en Suiza, investigaba el supuesto pago a Juan Carlos I de una comisión irregular de US$100 millones en 2008 por parte de la Casa Real de Arabia Saudita.
Bertossa está intentando dilucidar si ese pago tiene relación con el contrato que los sauditas otorgaron a un consorcio español en 2011 para construir un tren de alta velocidad entre las localidades de Meca y Medina en Arabia Saudita.
El caso salió a la luz en 2018 a raíz de una grabación realizada tres años antes a la mujer que dice haber sido amante de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una empresaria de 55 años nacida en Alemania pero de nacionalidad danesa.
En la grabación, Sayn-Wittgenstein, cuyo apellido de soltera es Larsen, parece decir que Juan Carlos I había solicitado una comisión por interceder en el contrato ferroviario con los sauditas y que había escondido el dinero en el exterior.
La fiscalía del Tribunal Supremo español, por otra parte, investiga si hay indicios suficientes de que Juan Carlos pudo cometer algún delito relacionado con este caso desde que dejó el trono en 2014, ya que antes de esa fecha estaba protegido por la inviolabilidad constitucional.
En concreto, indaga sobre posibles blanqueo de capitales y fraude fiscal.
“La inviolabilidad está incluida en varias constituciones en todo el mundo. El objetivo es que los jefes de Estado, sean reyes o presidentes, no sean expuestos a demandas sucesivas mientras están en el cargo”, explica a BBC Mundo Carmen Enríquez, historiadora y periodista especializada en asuntos de la Casa Real.
“El problema aquí en España es que la inviolabilidad se ha entendido por los juristas como que el Rey es intocable”, agrega Enríquez.
Tras hacerse públicas las investigaciones contra el monarca emérito, en marzo de este año, la Casa Real anunció que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia económica que le pudiera corresponder de su padre.
Se informó también de que el rey emérito dejaría de recibir los recursos que tiene asignados en el presupuesto de la Casa Real.
En ese comunicado, Felipe VI quiso recordar las palabras que pronunció en su primer discurso como monarca en 2014, en el que decía que la Corona debía “velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”.
“Cuando el rey Felipe se enteró de las posibles irregularidades cometidas por su padre, ahí se produjo una ruptura familiar seria. De alguna manera, el rey necesitaba distanciarse desde un punto de vista ético de lo que había hecho el padre”, asegura Enríquez.
Y ahora la ruptura se ha hecho más evidente, después de que Juan Carlos comunicase a su hijo que abandonaba España y de semanas de especulación sobre su salida del Palacio de la Zarzuela de Madrid, su residencia oficial durante seis décadas y donde reside Felipe VI con su familia.
De acuerdo a la prensa española, la reina emérita doña Sofía de Grecia continuará viviendo en la Zarzuela, donde seguirá con su labor institucional.
Revocación de títulos
En 2015, el rey Felipe VI también tomó medidas para salvaguardar la imagen de la Corona, en este caso por el caso judicial en el que estaban involucrados su hermana, la infanta Cristina de Borbón, y el marido de esta, Iñaki Urdangarín.
En 2013, la hija menor de don Juan Carlos fue imputada junto a su marido en el conocido caso Nóos.
En 2017 Urdangarin fue hallado culpable por apropiación indebida de dinero público a través de una institución privada sin ánimo de lucro y fue condenado a cinco años y 10 meses de cárcel. La infanta Cristina fue absuelta, pero recibió una multa de 265.000 euros (unos US$300.000) por responsabilidad civil.
A causa de la conmoción generada, en 2015 Felipe VI tomó la decisión de retirar a la pareja el título de Duques de Palma de Mallorca por medio de un decreto real.
Difícil solución
“A la infanta Cristina y su marido se les imputó y expulsó de la Casa Real, pero hacer que don Juan Carlos rinda cuentas es algo complicado. Esto va más allá de responsabilidades penales”, explica Simón.
“Por eso la Corona ha optado por un cortafuegos, en este caso la salida del país de don Juan Carlos”, añade.
Para el politólogo, esta solución es insuficiente. Argumenta que aún quedan cabos sueltos y que, de momento, aunque no hay delito, “tampoco se ha planteado la posibilidad de que el rey emérito sea inocente” porque ni siquiera ha comparecido públicamente a dar explicaciones.
En caso de que se encuentren irregularidades pero que Juan Carlos no pueda ser procesado por el principio de inviolabilidad constitucional, Simón espera que el prestigio de la Corona quede aún más dañado.
Con estos hechos, y dado que las generaciones jóvenes tienen menos apego a la Casa Real, “no sería de extrañar que surgiese un debate sobre si la monarquía es útil o no en el contexto español“, concluye el experto.
Enríquez coincide en ese diagnóstico, destacando lo arraigado que está el sentimiento antimonárquico en algunos partidos políticos españoles.
“No sé si esta medida tan extrema del rey va a cortar esta sangría. En España hay partidos abiertamente en contra de la monarquía y ahora que han conseguido que el padre salga del país, van a ir a por el hijo”, sentencia la académica.
Pese a ello, los principales partidos políticos de España -PSOE (en el gobierno) y PP-y una parte importante de la ciudadanía siguen apoyando la institución de la monarquía.
Esta por ver qué otras medidas puede adoptar Felipe VI para tratar de salvar la reputación de la institución que encabeza y que en estos momentos vive sus horas más bajas.
