Masacre de El Mozote en El Salvador: cómo fue la mayor matanza del siglo XX en Latinoamérica

Horas después de que se fueran los soldados, el fuego todavía iluminaba la noche, impregnada por el olor rancio de la carne humana quemada.

Rosario López fue una de las pocas que sobrevivió.

Era el 11 de diciembre de 1981 y, en la mañana, iba a visitar a su madre, que vivía más abajo, en la hondonada de La Joya, una aldea perdida en los confines de El Salvador.

Fue entonces cuando los vio. A la orden de uno de los jefes, comenzaron a separar a los hombres a un lado, a las mujeres del otro, a los niños hacia más allá.

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De pronto oyó unos quejidos, un movimiento inusual: estaban disparando a unos, cortando el cuello a otros, violando a las mujeres más jóvenes.

Quiso gritar, correr hacia los miembros de su familia que estaban matando, estar con ellos, correr la misma suerte.

“Se oía a la gente llorando, los niños gritando por miedo, pidiendo que no los mataran”.

Pero se dio la vuelta, volvió hasta su casa para buscar a sus hijos, a su marido, para intentar salvarlos si todavía le daba tiempo.

Lograron escapar poco antes de que los soldados llegaran a su puerta.

Se escondieron entre los matorrales, treparon por las malezas y sobre el fango, hasta que encontraron una cueva allá arriba, en las montañas.

Abajo, en La Joya, se escuchaban los gritosyráfagas secas de disparos. Un humo denso cubrió el cielo en la noche.

“Quemaron todito, todito. Mataron hasta los cerdos, el ganado, las bestias, no quedó nada“.

II

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, miles de soldados que combatían a la naciente guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzaron la llamada Operación Rescate en varios caseríos del este de El Salvador.

El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles fueron prácticamente reducidos a cenizas.

Algunos grupos de derechos humanos estiman en más de 800 los muertos. Otros en más de 1.000. Todos coinciden en que la mayor parte de ellos eran niños.

Para muchos, fue la mayor masacre en la historia reciente de América Latina.

III

Rosario López perdió 24 miembros de su familia en un solo día y esperó 27 años para poder enterrarlos.

Dice que fue afortunada, entre los tantos que aún se preguntan por el destino incierto de los suyos: en diciembre de 2018, le entregaron los restos de los últimos cuatro niños que no se habían logrado identificar.

En realidad, solo recibió una pequeña caja: dentro quizás solo había algún hueso, un diente, un mechón de pelo, alguno de los pocos despojos humanos que han logrado ponerle nombre con pruebas de ADN en los últimos años.

Pero para ella fue un acto de reparación, el cierre de un ciclo.

Antes pudo dar sepultura a su madre, a sus hermanos, a una prima en el último mes de embarazo…

También a una bebé nacida el 10 de diciembre de 1981 y asesinada un día después, cuando el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, un comando entrenado en Estados Unidos, arrasó con su aldea.

“Yo solo quisiera poderle preguntar una cosa a los militares antes de morirme: saber por qué mataron tantas criaturas”.

IV

Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, le cuenta a BBC Mundo que lo sucedido en 1981 fue parte de una “política de exterminio” de las fuerzas armadas contra las poblaciones rurales, a las que identificaban como retaguardia de las guerrillas.

“El Ejército estableció una estrategia de eliminación de toda forma de vida, incluida la humana, en ese sector rural bajo la idea equivocada de que estaba dañando al FMLN, cuando en realidad lo que estaban masacrando era la población civil”, explica.

El Ejército del Salvador no ha reconocido su participación en la masacre y asegura no tener ningún documento de la época que corrobore esos hechos o la intervención de sus fuerzas en estos poblados.

El gobierno también lo negó por años, hasta 2012, cuando el entonces presidente, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre del Estado tras una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

V

“Yo recuerdo eso y se me parte el alma: en una casa escribieron con sangre en una pared: ‘Un niño muerto, un guerrillero menos’. Eran niños inocentes, qué guerrilleros de qué, eran solo niños”.

VI

El esposo de Rosario, José de los Ángeles Mejía, bajó a La Joya varios días después.

Entre las cenizas, vio los primeros signos del horror: el pueblo arrasado, sembrado de cadáveres que se empezaban a descomponer.

Algunos rostros todavía le resultaban familiares: uno hijo de los Chavarría, la mayor de los López, aquel de los Pérez.

Fue entonces cuando también encontró el cadáver de su cuñada, con las piernas abiertas, el sayón alzado, la ropa interior quitada.

“Era la más jovencita, la más bonita de todas”, cuenta López en conversación telefónica con BBC Mundo.

Mejía, que tenía entonces 37 años, primero la cubrió. Luego le dio sepultura como pudo, entre los más de 300 cuerpos que quedaron regados por la aldea.

Regresó a la cueva.

Vivieron allí escondidos por cinco años, ocultos del terror, con pánico de ser descubiertos, hasta que unos funcionarios de la Cruz Roja los encontraron haraposos y hambrientos a finales de 1986.

“Comíamos algún guineo que cazábamos, bebíamos agua del río. Algunos días nos los pasábamos sin comer”.

VII

Wilfredo Medrano, representante de los sobrevivientes ante la CIDH, le asegura a BBC Mundo que la operación formó parte de una serie de estrategias diseñadas desde Estados Unidos para combatir la insurgencia en Latinoamérica.

“Bajo el gobierno de Ronald Reagan se destinaba al gobierno de El Salvador casi US$1 millón diario, que iba a pertrechos militares, adiestramiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de los batallones de contrainteligencia que fueron a formarse al Comando Sur (en Florida) o a Georgia”, afirma.

En su criterio, EE.UU. implementó en El Salvador técnicas de guerra que incluso habían fallado en Vietnam, como los desplazamientos forzosos, la destrucción de poblados, bombardeos y aniquilamiento de poblaciones.

El gobierno de Estados Unidos, por años, ha asegurado que su ayuda iba destinada a la consolidación de la democracia en El Salvador.

Cuando la prensa estadounidense publicó informes sobre lo sucedido en diciembre de 1981, el entonces subsecretario de Estado para los derechos humanos y asuntos humanitarios, Elliott Abrams, descartó las denuncias como “propaganda comunista“.

Un día después de los reportes, certificaría ante el Congreso que en El Salvador se estaban dando pasos “fabulosos” en pro de la democracia.

Informes desclasificados años más tarde demostraron que Abrams estaba al tanto de lo sucedido en El Mozote y ocultó deliberadamente la información al Senado.

VIII

13 de febrero de 2019/Audiencia ante el Congreso de Estados Unidos de Elliott Abrams, designado entonces como enviado especial del presidente Donald Trump a Venezuela.

Ilhan Omar, congresista demócrata por Minnesota: “El 8 de febrero de 1982, usted testificó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política exterior de Estados Unidos en El Salvador. En esa audiencia, usted rechazó como propaganda comunista un informe sobre la masacre de El Mozote, en la cual más de 800 civiles, incluidos niños de dos años de edad, fueron brutalmente asesinados por tropas entrenadas por Estados Unidos.

“Durante esa masacre, algunas de esas tropas se jactaron de haber violado a niñas de 12 años antes de que las mataran.

“Más tarde usted dijo que la política de Estados Unidos en El Salvador fue un ‘logro fabuloso’. ¿Todavía cree que fue así?”.

Elliott Abrams: “Desde el día en que el presidente (José Napoléon) Duarte fue elegido en una elección libre (1984), hasta el día de hoy, El Salvador ha sido una democracia. Ese es un logro fabuloso”.

Ilhan Omar: “Responda sí o no, ¿cree que la masacre fue un logro fabuloso que ocurrió bajo nuestra responsabilidad?”.

Elliott Abrams: “Esa es una pregunta ridícula y no la responderé”.

Ilhan Omar: “Tomaré eso como un sí. Responda sí o no, ¿apoyaría a una facción armada dentro de Venezuela que se involucre en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio si cree que estaban sirviendo a intereses de Estados Unidos como lo hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua?”.

Elliott Abrams: “No voy a responder a esa pregunta”.

IX

Rosario tiene 72 años y dice que por casi cuatro décadas su tarea ha sido recordar cada instante, cada cada rostro, de aquel 11 de diciembre.

Poco después de la masacre, escribió en una libreta el nombre de cada uno de sus muertos, para que el tiempo no pudiera borrarlos de allí, aunque el recuerdo de algunos sea cada vez más vago en su memoria.

Pero dice que su mayor temor es morir también y no ver que la justicia llegue a los culpables.

Casi 40 años después, nadie ha sido condenado.

Una ley de amnistía de 1993 impidió por más de 20 años que se investigara lo sucedido.

Finalmente, en 2016, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley y, poco después, un juez ordenó que se reabriera el caso.

En septiembre el caso sufrió un nuevo golpe.

El magistrado salvadoreño Jorge Guzmán, que buscaba terminar con la impunidad de una masacre cometida por militares, anunció su renuncia en rechazo a una polémica medida del Congreso, afín al presidente Nayib Bukele, por la que se destituyó a un tercio de los jueces del país.

La norma no afecta a los magistrados que ven casos de lesa humanidad. Guzmán, de 61 años, tiene a cargo la investigación de la masacre de El Mozote y podía quedarse, pero optó por renunciar como señal de protesta.

El magistrado lamentó que sean las “víctimas” las que verán “como tantas veces, dilatado su peregrinar a la justicia”.

“Uno solo pide justicia y justicia no hay. Pero yo seguiré hablando, iré donde tenga que ir, porque lo que en este tierra se hace, en esta tierra se paga”, dice Rosario.