Perú: 3 claves sobre las protestas que provocaron el controvertido estado de emergencia en Lima y Callao

En las primeras horas del día, muchos de los residentes de las provincias de Lima y Callao se enteraron de que su presidente Pedro Castillo, de imprevisto, había anunciado a medianoche toque de queda y estado de emergencia desde las 2:00 de la mañana hasta las 23:59 de este martes.

Esta polémica decisión es la respuesta del gobierno a la nueva crisis política y social de Perú, que cumple una semana de protestas generalizadas en las que han muerto cuatro personas y hay 20 detenidos.

Las protestas arrancaron el pasado 28 de marzo por el alza de precios del combustible y se ha extendido a otros gremios de trabajadores, generando episodios de violencia y disturbios.

Como sucede en muchos países, el incremento generalizado del costo de vida ha estrechado el bolsillo de los peruanos, registrándose datos de inflación no vistos en décadas.

Desde su llegada a la presidencia en julio de 2021, la estancia de Castillo ha estado marcada por múltiples cambios en su gobierno, dos intentos de moción de vacancia en su contra y pérdida de popularidad incluso en sectores que validaron su triunfo electoral.

La inestabilidad política y social de Perú se ha visto reflejada en los cinco presidentes que ha tenido en los últimos seis años, las protestas recurrentes y los daños humanos y materiales ocasionados por la pandemia, siendo uno de los países más afectados en América Latina.

BBC Mundo analiza en tres claves su última crisis.

1. Alza de los precios del combustible y el costo de vida

Al igual que el resto del mundo, Perú no escapa de la inflación heredada por el golpe económico de la pandemia, las disrupciones en las cadenas de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El índice de precios del consumidor creció un 1,48% en marzo y se convirtió así en la variación mensual más alta en 26 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entre las causas, el encarecimiento de alimentos, la educación y el transporte.

Los altos precios del combustible fueron el detonante para que el pasado 28 de marzo el gremio de transportistas pesados anunciara un paro indefinido.

“Comunicamos a la población el inicio de nuestra huelga a partir del 28 de marzo, porque lo que seguimos cobrando por el flete de las cargas ya no nos alcanza para seguir operando”, explicó entonces el presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, Héctor Velásquez.

Pero las manifestaciones se han sucedido durante siete días, sumando varios gremios de trabajadores que ya forman parte de la movilización general.

“Al ser una protesta que le toca directamente al bolsillo de los hogares, muchos ciudadanos se han unido espontáneamente a estas marchas, haciendo que sean más masivas aún”, comenta para BBC Mundo Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas para la Universidad del Pacífico en Perú.

Las protestas se desarrollaron en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la restricción del transporte público.

Para apaciguar el descontento, el gobierno de Castillo eliminó este fin de semana el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta el próximo junio, una de las principales demandas de los transportistas.

Además, el presidente decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que subirá de 930 a 1.025 soles (US$280) a partir del 1 de mayo. Un alza que, a priori, no beneficiará a un alto porcentaje de trabajadores debido al elevado peso de la economía informal del país sudamericano.

Sin embargo, las medidas de Castillo no pudieron evitar que este lunes se viviera otra jornada de protestas, bloqueos de carretera y episodios de violencia que han impedido el abastecimiento normal de alimentos.

2. Violencia desatada

“Ayer escaló el nivel de protestas en distintos puntos del país y se ha descontrolado en algunos puntos”, dice Ames.

Al menos una decena de las 25 regiones de Perú sufrieron bloqueos en varias carreteras, incluidas algunas con accesos a Lima, la capital, y se han reportado quema de casetas de peaje y neumáticos.

En Trujillo, al norte del país, se reportaron saqueos en supermercados y otros comercios.

Desde que iniciaran las protestas, cuatro personas han muerto y unas 20 han sido detenidas.

Y prácticamente desde el 28 de marzo, los participantes han denunciado actos de represión policial, algo que el gobierno ha contradecido.

El ministro de Interior peruano, Alfonso Chávarry, explicó que las muertes se habían producido por circunstancias derivadas del bloqueo de carreteras y no por actos de la policía.

Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.

“La Policía ha manejado (la situación) con mucho tino”, dijo Chávarry en una rueda de prensa este domingo.

Durante este lunes, se sucedieron rumores de saqueos y vandalismo en Lima. Varios comercios locales y bancos cerraron antes sus establecimientos ante estos temores.

Un giro inesperado

Análisis de Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Lima

Pocos imaginaban que lo que empezó como una huelga convocada por un grupo de asociaciones de transportistas la semana pasada se agravaría hasta convertirse en un problema nacional que terminaría con la declaración del estado de emergencia.

El inesperado anuncio del presidente Pedro Castillo al filo de la medianoche, en el que decretó la inmovilización social obligatoria, sorprendió a muchos peruanos que esta mañana se disponían a iniciar sus actividades cotidianas y ha suscitado críticas en la esfera política y la calle.

El paso del presidente es el último giro de un mandatario cuestionado y acostumbrado a cambiar de opinión. Sus críticos señalan sus constantes cambios de criterio como la prueba de su incapacidad para dirigir el país.

Cuando comenzaron las protestas a finales de la semana pasada, Castillo culpó de los bloqueos de carreteras a “cabecillas” y “dirigentes” “malintencionados y pagados”, acusación que acompañó de una protesta de restablecer el orden que no ha podido cumplir.

Más tarde, adoptó un tono conciliador, se disculpó con los transportistas y anunció que exoneraba del pago de algunos impuestos a la gasolina, en un intento de apaciguar los ánimos que tampoco funcionó.

Para entonces, las imágenes de la policía incapaz de controlar acciones violentas en distintos puntos de Perú ya copaban los informativos.

Ahora, ha recurrido a una medida extrema como el estado de emergencia para apagar un incendio que ha sido particularmente virulento en los sectores populares, esos a los que Castillo invoca permanentemente como su razón de ser.

Está por ver que el estado de emergencia surta el efecto deseado. Si no lo hace, al presidente le quedarán pocos ases en la manga.

3. Dramática pérdida de popularidad de Castillo

Incluso antes de juramentar como presidente, Castillo ya enfrentaba un asedio desde la oposición y las élites empresariales, que no querían reconocer su elección.

“Esto ya hizo que el gobierno empezara con una oposición muy crispada y sin ganas de respetar la investidura principal”, dice Ames.

Aún así, analiza la politóloga, “la ciudadanía quiso darle la oportunidad y el beneficio de la duda“.

Las principales críticas a Castillo incluyen su”incapacidad” para elegir un equipo de gobierno “idóneo” para asumir los retos que el Estado demanda. En ocho meses en el cargo, Castillo ha nombrado cuatro gabinetes distintos.

A esto se suman las investigaciones de presunta corrupción que han salpicado al mandatario. Algunos de los investigados incluyen a dos sobrinos de Castillo y a Bruno Pacheco, exsecretario del presidente hasta su renuncia el pasado noviembre.

Las acusaciones de corrupción fueron uno de los argumentos que se utilizaron para promover una moción de vacancia contra él -la segunda desde que es presidente- que fracasó la pasada semana por falta de apoyos en el Congreso.

“Y finalmente se suma la escalada de malas decisiones que ha ido tomando. En vez de corregir errores y escuchar a la gente, su único argumento es que la oposición ‘es una derecha que lo quiere vacar’ y no ha tenido ninguna gana de mirar hacia dentro”, analiza Ames.

Este cúmulo de situaciones se ha visto reflejado en su descrédito de las últimas encuestas. Ahora mismo Castillo cuenta con un 68% de desaprobación de la ciudadanía, la mayor durante su gobierno, según el Instituto de Estudios Peruanos.

La misma encuestadora señala que siete de cada 10 peruanos encuestados consideran que Castillo no culminará su legislatura de cinco años.

Muchos de los que le desaprueban residen precisamente en las zonas rurales que apoyaron su candidatura en 2021.

¿Por qué son polémicas las medidas de Castillo?

El anuncio del gobernante sorprendió a los 10 millones de limeños y a gran parte de la ciudadanía. La medida se implementó de imprevisto, con apenas dos horas de anticipación, cuando muchos peruanos ya descansaban.

El Ejecutivo dijo decretar la medida para “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”, aunque los críticos opinan que es para evitar más protestas.

Muchos de los afectados por las restricciones se han despertado con asombro, pregúntandose qué va a pasar con sus actividades rutinarias.

“En el Perú hay un 80% de personas con trabajos informales, sin un sistema de proteccción social adecuado. ¿Qué va a pasar con esas personas? La medida se anunció a medianoche. ¿Por qué tan tarde?”, dice Ames.

“Me atrevería a decir que si esta medida se levanta, al día siguiente vamos a tener más protestas”, opina la experta.

Los exentos de la norma incluyen al personal de servicios de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transportes de carga y mercancías.

La opositora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, afirmó en Twitter que Castillo “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo con la Constitución.

La Defensoría del Pueblo, en la misma línea, calificó la decisión como “inconstitucional”, asegurando que no tiene en cuenta los “severos impactos” que causará a las trabajadoras y los trabajadores de la capital peruana, por lo que pidió al Ejecutivo que la deje sin efecto de forma inmediata.

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