“Tenía mi cita en la corte para el próximo año, pero me la adelantaron”, explica Sandra (nombre ficticio, ya que no quiere ser identificada) a BBC Mundo a las puertas del Tribunal de Inmigración de Miami.

Esta colombiana de 31 años cuenta que llegó en 2022 a Estados Unidos tras huir de las amenazas de grupos armados en su aldea del departamento de Cundinamarca.

Desde entonces trabaja en un restaurante de Miami con el correspondiente permiso de empleo, a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo.

Tras una primera comparecencia el 10 de septiembre, le adelantaron su audiencia final —fijada en un principio para 2027— al 17 de septiembre, lo que apenas le dejaba una semana para prepararla.

El juez falló en su contra, dejándola a un paso de la deportación.

El Tribunal de Inmigración de Miami, en el céntrico barrio de Downtown, presenta estos días una imagen inusual, con largas filas de espera que se prolongan centenares de metros desde el control de seguridad de la entrada hasta las calles aledañas.

Dentro, varios juzgados y salas de espera atienden simultáneamente decenas de casos.

Abogados y activistas atribuyen esta situación a las audiencias masivas, también llamadas “mega audiencias”: comparecencias migratorias multitudinarias que pueden reunir más de 100 casos ante un mismo juez.

Miami es una de las ciudades de EE.UU. donde es más visible la masificación de este tipo de audiencias, con centenares de personas haciendo fila a la intemperie a la espera de comparecer ante el juez.

Un análisis de la plataforma de datos migratorios BKLG la situó en julio como la tercera urbe con más “mega audiencias” del país, por detrás de Chicago y Nueva York.

La proliferación de estas audiencias masivas coincide con un fuerte incremento de las órdenes judiciales de deportación y de las expulsiones, en el marco de las políticas de endurecimiento migratorio impulsadas por el presidente Donald Trump.

En agosto de 2026, los jueces de inmigración dictaron 77.234 órdenes de deportación, un 65,5% más que en el mismo mes de 2025.

En cuanto a las expulsiones ejecutadas, ICE deportó a 122.153 personas entre abril y julio de 2026, frente a las 93.782 en el mismo periodo del año anterior, un aumento de alrededor del 30%.

Cómo funcionan las “mega audiencias”

En nuestras dos visitas al Tribunal de Inmigración de Miami observamos a cientos de personas de diversas nacionalidades que esperaban su turno. Sus rostros delataban preocupación y pocos querían hablar con la prensa.

Las largas filas bajo el inclemente sol de Florida son solo el primer obstáculo: una vez dentro del edificio, los migrantes se distribuyen entre varios juzgados y salas de espera donde más de 30 jueces tramitan decenas de casos en una misma misma sesión.

El tribunal atiende a personas inmersas en procesos migratorios, incluidos casos de deportación.

La mayoría acude a audiencias preliminares en las que se revisan cuestiones administrativas, el tipo de protección que solicitan y si cuentan con abogado o necesitan asistencia legal.

“Están programando estas audiencias preliminares colectivas con un número mucho mayor de personas al mismo tiempo”, indica a BBC Mundo Billy Bosch, representante del American Friends Service Committee, una organización de defensa de los derechos de los migrantes.

Según Bosch, algunos jueces, que meses atrás tramitaban como mucho unas decenas de casos al día, ahora atienden a hasta 160 personas.

Cindy Blandón, la abogada de Sandra, asegura que algunos clientes reciben la notificación de la audiencia con solo 10 o 15 días de antelación y que las comparecencias por videollamada prácticamente han desaparecido.

Abogados y solicitantes de asilo nos confirman que algunas audiencias previstas para 2028 o 2029 han sido adelantadas varios años.

Y no es un fenómeno exclusivo de Miami: en junio se celebraron más de 1.300 audiencias masivas en todo el país, casi el triple que un año antes, según datos de la organización Mobile Pathways.

Órdenes de deportación in absentia

Una audiencia adelantada significa, en muchos casos, que el solicitante de asilo apenas tiene tiempo para encontrar un abogado o conseguir, desde Estados Unidos, las pruebas que avalen su caso.

“Tienen que preparar un caso desde cero”, explica a BBC Mundo la abogada especialista en migración Joanna Soler Betancourt.

Añade que, una vez fuera del país de origen, puede ser difícil conseguir pruebas de las persecuciones sufridas o de los riesgos que afrontarían al regresar.

“Eso pone a los inmigrantes en una situación de desprotección muy grande”, afirma.

A las comparecencias preliminares masivas se suma, según abogados y activistas, el adelanto de las audiencias finales, en las que se examinan las solicitudes de protección.

Los plazos más cortos coinciden, además, con una mayor exigencia de pruebas: “Los jueces están siendo extremadamente rigurosos a la hora de analizar los casos de asilo”, señala Soler Betancourt.

“Es un proceso que se está apresurando, en el que no se le está dando tiempo a ese cliente a obtener la evidencia, en el que no se le está dando tiempo para preparar el caso”, concluye.

La abogada Cindy Blandón describe otra dificultad: clientes que afrontan un proceso de deportación mientras esperan que USCIS, la agencia que tramita beneficios migratorios, resuelva su solicitud de residencia.

“Los jueces les están diciendo que sin la residencia en mano no les pueden sacar del proceso de deportación”, afirma.

Blandón cree que esta especie de callejón sin salida es una táctica deliberada del gobierno “para que las personas que quieran venir físicamente no se presenten, porque creen que en la corte de inmigración de Miami los van a arrestar”.

Según la abogada, este es uno de los factores que explican el reciente aumento de las órdenes de deportación in absentia (en ausencia), es decir, las dictadas a personas que no se presentan a las comparecencias en la corte.

Para dictar una orden en ausencia, el juez debe comprobar que se cumplieron los requisitos legales de notificación y que el Departamento de Seguridad Nacional ha demostrado que procede la expulsión.

En junio se contabilizaron 56.523 órdenes de deportación in absentia, un 62,8% más que en mayo y un 92,5% más que un año antes, según los datos de BKLG.

Aunque la cifra corresponde al conjunto de los tribunales en EE.UU. y no puede atribuirse íntegramente a las “mega audiencias”, la abogada considera que estos procesos rápidos y masivos están multiplicando las incomparecencias.

A los solicitantes que no acuden al tribunal por miedo se suman personas que desconocen que su audiencia ha cambiado de fecha, no reciben la notificación, no se enteran a tiempo o acceden tarde a la sala debido a las largas filas.

La masificación y el adelanto de las audiencias se producen en unos tribunales saturados que, a finales de agosto, acumulaban cerca de 3,1 millones de casos todavía sin resolver, según TRAC, una organización que recopila y analiza datos del gobierno estadounidense.

De ellos, 132.387 correspondían a residentes de Miami-Dade, el condado con más procedimientos migratorios pendientes de Estados Unidos.

Consultada por BBC Mundo, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, el organismo del Departamento de Justicia que administra los tribunales) defendió los ajustes de calendario para evitar que los expedientes queden paralizados.

“Las demoras innecesarias perjudican tanto a los extranjeros con solicitudes fundadas como al público estadounidense, que desea que aquellos cuyas solicitudes carecen de fundamento sean expulsados lo antes posible”, respondió un portavoz.

La entidad gubernamental aseguró que tramita todos los casos “de manera oportuna y conforme a la ley”.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) alegó, por su parte, en una respuesta enviada a BBC Mundo, que “todos los extranjeros en situación irregular con una orden final de expulsión han recibido todas las garantías del debido proceso”.

Una orden de deportación no significa, en todo caso, que la persona sea expulsada de inmediato: es una decisión judicial cuya ejecución corresponde a la agencia de control migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocido como ICE.

El caso de Sandra

“A día de hoy temo por mi vida”, asegura Sandra cuando volvemos a hablar con ella después de su audiencia.

En nuestro primer encuentro, frente al tribunal, nos había contado que su familia sufrió desplazamiento forzado y que grupos armados se llevaron a uno de sus tíos, del que no ha vuelto a saber nada.

Viajó sola a través de México y, según nos explicó, pasó unos días detenida antes de instalarse en Miami, donde encontró trabajo en el restaurante.

Cuando le preguntamos qué esperaba, respondió: “Que me otorguen el asilo, que me den la oportunidad”.

Sin embargo, no tuvo suerte.

En la vista preliminar del 10 de septiembre la citaron para una audiencia final siete días después, en la que el juez le dictó una orden de deportación.

“No considero que el juicio haya sido justo, ya que el juez no tomó en cuenta mi testimonio y en ningún momento me permitió como persona dar mi libre expresión de los hechos”, nos explicó.

Su abogada sostiene que el adelanto de la audiencia impidió disponer del tiempo necesario para completar las pruebas.

“En este caso la fiscalía le dijo al juez que ella no cumplía con el estándar y que le denegara su caso de asilo y le diera la orden de deportación”, explica.

El manual de los tribunales establece, como regla general para las personas no detenidas, que los documentos adicionales se presenten al menos 30 días antes de la audiencia individual, aunque permite al juez modificar esos plazos, como ocurrió con Sandra.

“Esto es lo que está pasando no solo en el caso de ella, sino en todos los casos”, asegura.

Para Cindy Blandón, que ha apelado el fallo para su clienta, se trata de un ejemplo claro de las consecuencias de las “mega audiencias”.

La letrada cree que las autoridades compactan y aceleran los procedimientos como una estrategia para “emitir el mayor número de órdenes de deportación rápido” y empujar a los afectados a marcharse o facilitar su posterior expulsión.

En su respuesta a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las garantías de asistencia legal de los solicitantes.

“El ICE (que pertenece al DHS) entrega a todos los extranjeros indocumentados detenidos una lista, aprobada por el tribunal, de abogados que ofrecen sus servicios de forma gratuita o a bajo costo”, contestó el organismo.

Sandra teme ser arrestada por el ICE, aunque mantiene la fe en su apelación: “Mi intención es tener la oportunidad de que mi caso sea evaluado de una manera justa y completa”.

El DHS cerró su respuesta a BBC Mundo con una invitación al retorno voluntario: “Los extranjeros en situación irregular que no deseen permanecer detenidos pueden obtener su libertad en cualquier momento solicitando un vuelo gratuito de regreso y un incentivo de salida de US$3.000”.

Mientras, frente al tribunal de Miami cientos de personas siguen haciendo fila cada día entre el temor a ser deportadas y la incertidumbre sobre si tendrán tiempo suficiente para defender sus casos.

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