Igualmente figura el empresario Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, dueño de una gráfica que el año pasado prestó servicios a la exitosa campaña a gobernador del estado de Minas Gerais del exministro Fernando Pimentel, un dirigente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) con estrechos vínculos con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Uno de los allanamientos, de los realizados hoy en sesenta sedes de empresas y treinta residencias particulares, tuvo como blanco precisamente una propiedad de la esposa de Pimentel.

La operación permitió desmontar una organización que desde 2005 desviaba recursos del Gobierno mediante la firma de contratos facturados por valores encima de los del mercado o que no eran ejecutados, explicó el jefe de la división de Investigación y Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal, Dennis Cali.

En una rueda de prensa, el comisario dijo que aún no se tiene conocimiento del total de recursos desviados aunque tan sólo una de las sesenta empresas investigadas tenía un facturación anual de 465 millones de reales (unos 155 millones de dólares).

Pese a que la operación ordenada por la Justicia no incluía mandatos de arresto, los cinco sospechosos fueron detenidos en flagrante debido a que en sus celulares fueron encontradas mensajes que supuestamente comprueban las acusaciones.

La operación, con allanamientos en los estados de Minas Gerais, Río Grande do Sul, Goiás y Brasilia, permitió la incautación de cien mil reales (unos 33 mil 300 dólares) en dinero, 10 lujosos vehículos y un avión bimotor valorado en 800 mil dólares.

Además de Oliveira Neto, que en el 2010 llegó a ser investigado por su supuesta participación en un grupo que montó ‘dossiers’ falsos contra líderes de la oposición, la Policía Federal detuvo a Marcier Moreira, un funcionario del estatal Banco do Brasil que igualmente trabajó en la campaña electoral de Pimentel.

“Hasta el momento no estamos investigando ninguna autoridad con prerrogativa de foro o partido político“, aseguró Cali al ser interrogado sobre los encargados de organismos públicos que supuestamente facilitaron los desvíos.

Según el jefe policial, la organización utilizaba testaferros y repartía los recursos desviados entre varias empresas para facilitar su lavado y evitar el rastreo.

“Igualmente se valían de una maniobra conocida como confusión patrimonial, que es cuando una misma sala sirve de sede a varias empresas, para dificultar la identificación de los dueños de las firmas“, afirmó Cali.

En ocho meses de investigaciones los responsables por la operación vigilaron a los sospechosos y analizaron cerca de 600 gigabytes de datos extraídos de computadores, tabletas electrónicas y teléfonos de personas supuestamente vinculadas a la red, según un comunicado de la Policía Federal.