Ahora “se procederá a ejecutar lo dispuesto en la resolución del 28 de enero” , según el comunicado emitido tras una sesión extraordinaria para tratar los recursos de la defensa de Martinelli, quien es también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) .

Las investigaciones contra Martinelli se originan en la supuesta sobrefacturación en la adquisición, por 45 millones de dólares, de comida deshidratada para escuelas del país.

Esas compras se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) , un programa de emergencia para combatir la pobreza, cuyos dos últimos directores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, están detenidos por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Guardia, actualmente en prisión, habría declarado durante los interrogatorios que Martinelli le obligaba a firmar los contratos, algo que el exmandatario niega.

Martinelli manifiesta que todo se debe a una persecución política del gobierno de Juan Carlos Varela, su antiguo aliado y sucesor, al que ha acusado incluso de querer matarlo.