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Dictadura de Ortega y Murillo: Así pretende Biden frenar el flujo de migrantes de Nicaragua
Biden también alerta a las empresas privadas, incluidas las aerolíneas, de su preocupación por las pautas de inmigración irregular y los posibles abusos contra los derechos humanos derivados de esas prácticas.
Migrantes tratan de calentarse en la frontera entre EE. UU. y México. (Foto Prensa Libre: Paul Ratje/The New York Times).
El gobierno de Biden restringirá las visas de 250 personas y sancionará a tres organizaciones que apoyan al gobierno nicaragüense, cuyo líder autoritario, según las autoridades, se ha beneficiado de que la gente esté tratando de llegar a Estados Unidos.
Algunos altos funcionarios del gobierno, que hablaron bajo condición de anonimato el miércoles para dar un adelanto de los planes, dijeron que el gobierno nicaragüense, encabezado por el presidente Daniel Ortega, había creado un sistema para sacar ganancias de un gran número de migrantes al cobrarles tarifas de visa a su llegada a los aeropuertos del país y exigirles que abandonen Nicaragua en un plazo de 96 horas.
El gobierno de Biden también alertará a las empresas privadas, incluidas las aerolíneas, de su preocupación por las pautas de inmigración irregular y los posibles abusos contra los derechos humanos derivados de esas prácticas. Las autoridades afirmaron que no se ha puesto en marcha ninguna medida para hacer cumplir esta política.
El anuncio reflejaba la creciente preocupación del presidente Joe Biden y sus asesores por el hecho de que el aumento de inmigrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos constituye una amenaza cada vez mayor para su campaña de reelección. También demostró que el gobierno tiene opciones limitadas para frenar el flujo de inmigración procedente de países con problemas cuyos ciudadanos buscan una vida mejor en Estados Unidos.
Nicaragua se ha convertido en un centro cada vez más popular para los migrantes de América Latina y África que intentan llegar a Estados Unidos. La práctica de la venta de las visas, según funcionarios del gobierno, ha conducido a abusos de los derechos humanos y ha creado oportunidades para los traficantes y contrabandistas, quienes se aprovechan de las personas que atraviesan apresuradamente el país con la eventual esperanza de llegar a la frontera suroeste de Estados Unidos.
El Departamento de Estado les restringirá las visas a 250 personas, un grupo que incluye a trabajadores del gobierno y a familiares de personas vinculadas al gobierno de Ortega. El Departamento del Tesoro emitirá sanciones contra tres entidades que apoyan financieramente al gobierno nicaragüense, entre ellas un centro de entrenamiento militar ruso que, según un funcionario, “apoya actividades represivas de la policía nacional nicaragüense para perseguir a la oposición política”.
Según un comunicado de Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, hasta la fecha Estados Unidos ha emitido restricciones de visas contra al menos 1400 personas, muchas de ellas funcionarios nicaragüenses, “particularmente dirigidas a los cómplices en violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas”.
Rosario Murillo, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua que actúa como portavoz del gobierno, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las restricciones de las visas.
En noviembre de 2021, Biden emitió una proclamación presidencial para restringir la entrada en Estados Unidos a personas que “socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua”, pues “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”.
Según una encuesta realizada en 2023 por el proyecto Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, casi la mitad de los ciudadanos nicaragüenses están interesados en abandonar el país. Esa cifra ha aumentado constantemente bajo el mandato de Ortega, cuyo gobierno ha procedido a cerrar universidades, confiscar las viviendas de disidentes obligados a exiliarse y despojar de su ciudadanía a los presos políticos.
La encuesta también reveló que aproximadamente el 32 por ciento de las personas de los 26 países latinoamericanos encuestados afirma querer emigrar.
En los últimos meses, Biden ha intentado echar la culpa política del aumento de la inmigración a los republicanos, que bloquearon un proyecto de ley bipartidista que contenía las medidas fronterizas más estrictas desde hace décadas. El contrincante de Biden, el expresidente Donald Trump, había influido en los legisladores republicanos que hicieron fracasar el proyecto de ley.
El martes por la noche, Biden volvió a decir a un grupo de simpatizantes que Trump era el culpable del retraso de un nuevo proyecto de ley fronteriza.
“Los republicanos en el Congreso deben actuar porque es lo correcto y Estados Unidos necesita que se haga”, dijo Biden.
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