El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, destacó que las acciones van dirigidas a “la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, liderada por el citado cartel y “alimentada por compañías farmacéuticas chinas”
Los cargos en los distritos federales del Sur de Nueva York, el Norte de Illinois y el Distrito de Columbia son contra cerca de una treintena de personas, incluidos cuatro hijos del Chapo e incluyen acusaciones por armas y blanqueo de dinero.
Según el comunicado, hay siete acusados bajo custodia, aunque no aclara cuáles son. Fuentes de la Administración estadounidense indicaron en una llamada con periodistas que esos siete fueron arrestados “hace semanas” en Colombia, Grecia y Guatemala.
Las acciones de este viernes 14 de abril, según la gestora de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en inglés), Anne Milgram, mandan “el mensaje claro a los ‘Chapitos’, el cartel de Sinaloa y las redes criminales de droga de todo el mundo de que la DEA no se frenará ante nada para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y de los estadounidenses”.
Los “Chapitos” son cuatro hijos de Joaquín Guzmán, antiguo dirigente de ese cartel: Iván Guzmán Salazar, de 40 años; Alfredo Guzmán Salazar (37), Joaquín Guzmán López (36) y Ovidio Guzmán López, de 33.
El Departamento de Justicia apunta que presuntamente usaron aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, embarcaciones de suministro y pesqueras, lanchas rápidas, autobuses y vagones de ferrocarril, entre otros, para transportar drogas y precursores químicos.
El Departamento de Estado, a través de su Programa de Recompensas contra los Narcóticos, ofrece una recompensa de hasta US$10 millones por información que conduzca al arresto o la condena de Iván, Alfredo y Ovidio Guzmán, y hasta US$5 millones por Joaquín.
El cartel de Sinaloa, según EE. UU., es el cartel narcotraficante “más poderoso del mundo” y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, donde esa droga, considerada 50 veces más potente que la heroína, es “la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años”.
Las autoridades estadounidenses apuntan que esa organización ha estado involucrada en actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y violencia desde hace más de una década y media.
Los cargos contra los cabecillas del cartel de Sinaloa y su red se suman a las sanciones emitidas también este viernes 14 de abril contra cinco personas residentes en China y en Guatemala y contra dos compañías chinas por el suministro de precursores químicos a ese cartel para la producción de fentanilo destinado en última instancia al mercado estadounidense.
Estados Unidos ha puesto en su punto de mira en total tanto a sus líderes como a los suministradores de precursores químicos, gestores de laboratorio y de producción, traficantes de armas o aquellos que les ayudaron a blanquear dinero para financiar sus operaciones, cubriendo así toda la cadena.
“El Gobierno estadounidense está utilizando todas las herramientas a su disposición para combatir la epidemia de fentanilo”, dijo ante la prensa Garland.
De agosto de 2021 a agosto de 2022, según los datos facilitados, 107 mil 735 personas murieron por una sobredosis en el país, y dos terceras partes de esas muertes se debieron a opioides sintéticos, mayoritariamente fentanilo.
El anuncio tiene lugar un día después de que los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaran en una reunión conjunta en Washington reforzar los trabajos para desmantelar a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como el tráfico ilegal de fentanilo y armas de fuego en ambos lados de la frontera.
“Las acciones de hoy demuestran la determinación de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas de los delincuentes que perpetúan la actividad ilícita de fentanilo”, destacó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, según el cual el país busca también apoyar a sus socios y brindar justicia a los afectados.
