El 1 de octubre, la justicia vaticana confiscó documentos en las oficinas de la Secretaría de Estado, el corazón del gobierno del Vaticano, y de la Autoridad de Información Financiera (AIF).
Cinco personas, incluido el número dos de esta autoridad antilavado de dinero y un prelado, fueron “suspendidos por precaución” de sus funciones como parte de la investigación, lo que se filtró a L’Espresso.
La filtración habría sido vista por el papa como una cachetada a la “presunción de inocencia”, y Francisco aceptó la renuncia –hace una semana– del jefe de la gendarmeria vaticana, Domenico Giani.
🔴 #vaticano "Corruzione peculato e truffa, ecco le accuse dei Pm di Papa Francesco @emifittipaldi in edicola sul nuovo Espresso e online su Espresso+ https://t.co/yxBGrOb9ft
— L'Espresso (@espressonline) October 20, 2019
En la mira de los investigadores –según la revista– figuran 650 millones de euros de fondos puestos a disposición de la Secretaría de Estado que “provienen en su mayor parte de las donaciones recibidas por el Santo Padre para obras de caridad y el funcionamiento de la Curia romana”.
De aquel monto, cerca de 500 millones de euros habrían sido confiados al banco Crédit Suisse para que los reinvierta.
La investigación arrancó tras un pedido en 2018 de la secretaría de Estado al Instituto de Obras Religiosas (IOR), el banco vaticano”, para que se le entregaran 150 millones de euros destinados a la compra de un edificio de 50 apartamentos de lujo en el elegante barrio londinense de Chelsea.
