CHILPANCINGO.- Los manifestantes de la escuela de maestros rurales, a la que asistían los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre pasado, lanzaron bombas molotov y piedras al interior de las instalaciones de la 35 Zona Militar, situada sobre la autopista que conecta a la capital mexicana con el turístico puerto de Acapulco.
Los militares respondieron con gases lacrimógenos y relanzaron algunas piedras a los manifestantes. Hasta el momento se desconoce si la confrontación que duró menos de media hora dejó heridos.
Los padres de los estudiantes desaparecidos insisten en que las investigaciones de la fiscalía federal deben abarcar también la probable responsabilidad de miembros del Ejército por actuación u omisión en la fatídica noche del 26 de septiembre, cuando después de ser baleados por policías corruptos y sicarios, los 43 estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, los estudiantes habrían sido masacrados e incinerados por el cartel local Guerrero Unidos, pero los padres se aferran a la idea de que sus hijos siguen con vida e incluso han exigido desde hace semanas un recorrido por instalaciones militares.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, e integrante de la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachonillán, dijo este jueves en entrevista con la emisora Radio Fórmula que la próxima semana se reunirán con un alto funcionario de la secretaría de Gobernación (Interior) para insistir sobre la programación de este recorrido por las instalaciones militares.
“No estamos diciendo que ahí estén los compañeros (los estudiantes desaparecidos), simplemente queremos agotar ese trámite que está pendiente con el Ejército” , señaló Rosales.
Este estremecedor crimen, que ha conmocionado a la comunidad nacional e internacional, generó multitudinarias movilizaciones en varias ciudades del país y sumió en un profunda crisis al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
