Tras revelar esas circunstancias, el GIEI, que concluyó su mandato de un año el 30 de abril, pidió a la fiscalía (Procuraduría General de la República, PGR) investigar probables “desapariciones forzadas”, que representan violaciones de “derechos humanos de carácter permanente” y que “suponen una herida abierta en los familiares”, apuntaron en un comunicado.
“Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de su detención, se siguieron activando sus teléfonos”, apuntó el GIEI.
El GIEI considera que la fiscalía debe modificar el discurso sobre su investigación según el cual los estudiantes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero), fueron masacrados e incinerados tras ser baleados por sicarios y policías corruptos al ser confundidos con narcotraficantes, y sus restos arrojados a un río, una versión a la que ha llamado “verdad histórica”.
Pero para el GIEI eso no tiene sustento científico. “Es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos” porque “no existe certeza sobre el destino de los normalistas” y tampoco de que “fueran confundidos” con narcotraficantes, añadió en el comunicado.
“Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares” donde sus teléfonos se siguieron activando una vez que ya habían desaparecido, indicó el GIEI.
Reiteró también que deben ser investigadas las presuntas torturas que sufrieron la mayoría de los detenidos del caso.
En el primero de sus dos informes, el grupo de expertos destacó que “el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas”.
meses de desaparecidos llevan los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los expertos también pidieron a la fiscalía que se concluyan los interrogatorios a los militares del batallón basado en Iguala por no haber hecho nada para detener las agresiones a los estudiantes.
Los padres de los jóvenes que se preparaban para ser maestros se niegan a aceptar que sus hijos fueron masacrados y han realizado infinidad de marchas e incluso se han manifestado en otros países contra el gobierno por no encontrarlos. La última vez fue el martes pasado, cuando se cumplieron 19 meses de la desaparición de sus hijos.
“Tenemos la tristeza de irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos”, reconoció el martes a la AFP Ángela Buitrago, una ex fiscal colombiana integrante del GIEI. El gobierno de México se negó a extender las investigaciones de los expertos.
