Nicaragua otorgó asilo a Mauricio Funes (2009-2014) y su familia el pasado martes, atendiendo el argumento que era un perseguido por su filiación política en El Salvador, país que ha abierto un proceso judicial por supuestos actos de corrupción.

El e presidente arremetió en contra de la oligarquía salvadoreña y la acusó de promover el proceso judicial, que “en el fondo” es un acto de “persecución política donde la derecha (política) está utilizando (a) las instituciones del Estado para provocar mi muerte civil y de ser posible, mi exterminio físico”.

Desde el inicio de las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, agregó, “me irrespetaron mi derecho de audiencia, mi derecho a la defensa” y toda la actuación ha sido “totalmente arbitraria”.

Justificó la decisión de buscar asilo en Nicaragua porque “es un país solidario” y el Gobierno de Daniel Ortega “me garantiza la protección que requiero para asegurar la integridad física mía” y su familia.

Funes reside en una exclusiva zona de Managua, “Las Colinas”, y se mantiene bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. Desde mediados de agosto, el ex mandatario ya contaba con protección policial en la capital nicaraguense. El martes había asegurado que no renunciaba a enfrentar el proceso judicial “ni a probar mi inocencia”.

Funes está siendo procesado en El Salvador por enriquecimiento ilícito, al no haber podido justificar ante las controlarías la procedencia de más de 700 mil dólares de sus cuentas, ni la propiedad de unas cien armas, entre otros bienes.

Decenas de oficinas y domicilios de Funes y del empresario Miguel Menéndez, allegado suyo, fueron registrados por la fiscalía en busca de documentos para probar posibles delitos cometidos por el primer presidente de izquierda que gobernó en El Salvador.

El Gobierno nicaragüense informó el martes que había concedido asilo a Funes por considerar válido el argumento de que “su vida e integridad física están en peligro” en El Salvador.