El fiscal Guillermo Marijuan sumó en la imputación al jefe de gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por la denuncia que presentó la diputada de Libres del Sur (izquierda) Victoria Donda.
La legisladora acusa al Presidente del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
El cuestionado decreto especifica que podrán sincerar activos sólo aquellos familiares que puedan probar que esos bienes fueron incorporados en su patrimonio con anterioridad a la asunción en el cargo de su familiar.
El decreto modifica así la ley vigente, aprobada hace cinco meses, que excluía del llamado “sinceramiento fiscal” a los familiares de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (cónyuges, padres e hijos menores emancipados) que ejercieron desde el 1 de enero del 2010.
Polémica
Hace dos semanas, Macri, Peña y Prat-Gay firmaron este decreto que provocó indignación en todo el arco opositor al considerar que se hizo para beneficiar al padre del mandatario, Franco Macri, un magnate con el que comparte empresas offshore en Bahamas y Panamá, según la investigación denominada Panama Papers.
“Lo firmado (en ese decreto) está dentro del espíritu de la ley. Nos parece que es una discusión técnica. Al final del día, le corresponderá a la justicia analizarlo”, dijo Peña días atrás, defendiendo la medida.
La exclusión de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales había sido una condición exigida por el Frente Renovador (FR, peronismo de centroderecha) e incluso por parte de la coalición de gobierno Cambiemos (derecha y socialdemócratas) para aprobarla en julio pasado en el Congreso.
“Es un decreto impúdico”, sentenció Alberto Fernández, dirigente del FR y exjefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) .
Desde el lanzamiento, en agosto, del plan oficial de blanqueo, argentinos que tenían divisas ocultas del fisco y fuera del sistema financiero declararon casi US$7 mil millones, sin obligación de repatriarlos.
También se declararon unos US$20 mil millones en tenencia de activos, propiedades y otros bienes, según un informe oficial.
