La escueta declaración del funcionario coincide con lo que han señalado familiares de Cáceres y diversas organizaciones ambientalistas, que su muerte ha sido por defender los recursos naturales del occidente del país.
Cáceres, quien además era defensora de derechos humanos y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada hace dos meses, el 3 de marzo, en la ciudad de La Esperanza, occidente del país.
En la víspera del segundo mes de su asesinato, en una operación de la ATIC coordinada por el Ministerio Público, fueron capturados cuatro hombres, entre los que figuran un oficial militar activo, otro retirado y un empleado de una empresa hidroeléctrica en el occidente del país a la que Cáceres se oponía.
Un juez de Tegucigalpa ordenó el lunes la detención de los cuatro detenidos y les fijó audiencia para el próximo viernes.
Castro enfatizó que no puede entrar en detalles sobre el asesinato de Cáceres y que “la prueba suficiente la va a valorar el juez”.
“Lo que sí les puedo decir, es que es prueba contundente, científica, es irrefutable, es indubitable, entonces no queda duda (…) son varias líneas de investigación”, añadió.
Señaló además que en una oportunidad, “para escucharlos”, atendieron a la familia de Berta Cáceres, que ha venido denunciando a las autoridades de no permitirles participar en la investigación y ha exigido la aceptación de un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No hemos escondido nada que no sea para esclarecer este caso”, subrayó el director de la ATIC, institución que está cumpliendo un año de haber sido creada.
Según Castro, el viernes, después de la audiencia, se podrían conocer los autores intelectuales y materiales del asesinato de Cáceres.
“Hay uno material y otros intelectuales”, indicó el titular de la ATIC.
Señaló además que el ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo de la muerte de Cáceres, de quien era huésped el día del crimen, “también sufrió un atentado” en ese hecho.
Gustavo Castro, por orden judicial, permaneció un mes en Honduras para que contribuyera con las autoridades a la investigación del asesinato de Berta Cáceres.
El director de la ATIC también agradeció la colaboración que han prestado Estados Unidos y Colombia para la investigación, que “continúa”.
