La oposición rechazaba de antemano tal exigencia, señalando que la ley exige el 20% del registro electoral de todo el país y no por regiones, con lo cual debía aportar unas cuatro millones de firmas.
Así, con solo un estado que no cumpla la meta el proceso hacia la consulta popular quedará anulado, según el fallo de la Sala Electoral del TSJ, al que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa de estar bajo control del gobierno.
“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital”, indica la sentencia del TSJ, en respuesta a un pedido de interpretación de un dirigente político.
“La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial”, añadió.
La MUD ha dicho que no aceptará que los apoyos a la convocatoria sean proporcionales por estado.
A finales de septiembre, una declaración de una rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, sembró dudas, al afirmar que el 20% debía ser sobre el padrón nacional. “Debe haber referéndum”, declaró entonces ante la hipótesis de que en al menos un estado no se alcanzara el umbral.
Pese a las denuncias sobre trabas del TSJ y el CNE para hundir el referendo, la oposición promete una participación arrasadora en la coleta de rúbricas.
“Será un revocatorio moral”, sostiene el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, quien opina que ello debería ser suficiente para que Maduro renunciara.
La oposición exige que el revocatorio sea antes del 10 de enero de 2017 para que haya elecciones anticipadas, pero el CNE ya dijo que solo será posible a partir de febrero del próximo año.
De aplazarse hasta entonces, Maduro, aun siendo revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.
La MUD anuncia movilizaciones sin pausa, tras la recolección de firmas, para exigir que el referendo sea en 2016.
