En ese lugar, “varias decenas de hombres fuertemente armados con brazaletes de las Farc y el ELN”  llegaron al corregimiento “con el fin de atacar a los integrantes del clan Úsuga que allí se encontraban”.

Entre las guerrillas y el clan Úsuga, que con unos dos mil 650 integrantes es la banda criminal de origen paramilitar más grande de Colombia, “inmediatamente se desataron los enfrentamientos”, que tuvieron lugar cerca de una zona en la que “conviven alrededor de cinco mil personas”.

Como consecuencia resultaron heridos tres civiles “afectados en sus extremidades por impactos con proyectil de arma de largo alcance” que recibieron las primeras atenciones médicas en un puesto de salud local.

Asimismo, la Defensoría dijo tener conocimiento de que a raíz de los combates, que se prolongaron hasta el mediodía, el Ejército se presentó en el lugar y tras su llegada “dos miembros de los grupos ilegales perdieron la vida y dos más resultaron heridos”.

Luego de catalogar la entrada de los grupos armados al corregimiento como “una evidente infracción al Derecho Internacional Humanitario”, la Defensoría del Pueblo afirmó que se mantendrá vigilante puesto que “las comunidades temen que la nueva dinámica del conflicto en esa zona recrudezca la violencia y repercuta en sus actividades diarias”.

Las Farc, que mantienen desde hace tres años y medio unas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, así como el  ELN, que anunció hace dos semanas un proceso análogo, han señalado en repetidas ocasiones que los paramilitares, oficialmente desmovilizados en el 2006, han resurgido en forma de bandas criminales.

Para las guerrillas, estas bandas son una de las mayores amenazas para la implementación de la futura paz que esperan alcanzar con el Gobierno, que no las considera actores del conflicto armado.

A finales del 2014, las bandas criminales se habían extendido a 27 de los 32 departamentos de Colombia, según un informe que presentó entonces la Defensoría del Pueblo.

La Fiscalía reveló pocas semanas después que entre el 15 y el 20% de los paramilitares desmovilizados durante la pasada década integran ahora las bandas criminales, frente a las cuales el Gobierno ha intensificado sus acciones en las últimas semanas.