El grupo Shut Down Berks, que aboga por el cierre del centro, se concentró el viernes frente a las instalaciones, ubicadas en la localidad de Leesport, Pensilvania, para mostrar su solidaridad con las huelguistas, que exigen su liberación inmediata.
Las internas están a la espera de que se inicie su proceso de deportación y solicitan ser puestas en libertad para esperar a su audiencia migratoria con familiares o amigos, no en cautividad.
“Los responsables de estas detenciones han ignorado la ley y la decencia más básica. Tenemos la esperanza sincera de que las madres que han arriesgado su vida por la libertad puedan finalmente ablandar los corazones de la indiferencia y la maldad que permite su sufrimiento”, indicó Adanjesús Marín, director de Make the Road Pensilvania, integrante de Shut Down Berks.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, está explorando cambios en las políticas de detención de menores después de que en julio un tribunal de apelaciones rechazara la interpretación de la Administración de Barack Obama para solo acelerar la salida de centros de detención de inmigrantes a menores que cruzaron la frontera sin acompañante.
En un desayuno con la prensa, Johnson, quien aseguró que la detención de familias no pasa de 20 días, aseguró que están buscando alternativas para adaptarse a la sentencia de un tribunal de apelaciones.
“Lo que estamos haciendo es asegurarnos que la media de estadía es de 20 días y estamos cumpliendo ese plazo. Ahora, estamos mirando cómo cambiar la práctica (de detención de familias) en vista de la sentencia”, aseveró Johnson en su encuentro con la presa del 3 de agosto.
“Eso de que las familias se pasan de media 20 días detenidos es totalmente falso”, explicó a Efe Marvin Hernández, organizador de Shut Down Berks.
“Algunas se pasan más de dos años. Son familias enteras, con niños pequeños, con lo que eso supone en su salud física o psicológica, especialmente en el desarrollo de los más pequeños”, aseguró Hernández.
Lo que organizaciones como Shut Down Berks piden es que se deje en libertad a las familias, que en su mayoría llegaron al país con el contacto de amigos o familiares, con los que pueden estar hasta que se inicie su proceso de deportación formalmente.
Hernández critica que con la detención de familias y menores los centros de detención mantengan “un negocio redondo” y que se obtengan beneficio con la detención de mujeres y niños.
“Son familias inocentes que huyen de la violencia y buscan una vida mejor”, afirmó Hernández.
Muchas de estas familias provienen de Centroamérica, origen de una oleada migratoria iniciada en el 2014 que sobrepasó a las autoridades migratorias estadounidense, que tuvieron que lidiar con mujeres y niños, así como con menores que cruzaban en solitario la frontera sur con México.
Johnson volvió este mes a asegurar que los llamados centros residenciales de familias son “importantes” para controlar el flujo de familias que cruzan la frontera ilegalmente y para hacer evaluaciones sanitarias, especialmente tras la oleada del 2014.
“Tenemos que continuar con esta práctica”, apuntó el secretario de Seguridad Nacional, que aseguró que hay reformas en los últimos dos años y que no se va a volver al sistema de detener y liberar a inmigrantes indocumentados.
Organizaciones como Detention Watch Network o la Unión de Libertades Civiles (ACLU) pidieron el cierre de estas instalaciones y la liberación de menores y sus madres pendientes de deportación.
