El caso, que el jueves volvió a profundizar la grieta política que polariza a los argentinos entre seguidores o adversarios de la gestión peronista de centro-izquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), parecía bajar el tono con una resolución negociada entre el abogado de Bonafini, Juan Manuel Morente y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, confirmó una fuente del juzgado.
El abogado de Bonafini señaló que había “predisposición de las partes” para alcanzar un acuerdo que contemplaría que se presenten certificados médicos de la activista de 87 años y que se le tome declaración e
n su vivienda.
Bonafini se ha mostrado retadora y lanzó que el juez Martínez de Giorgi “no tiene huevos para moverse contra los que de verdad se tiene que mover. Se la agarró con un grupo de viejas que estamos más cerca del arpa que de la guitarra”, dijo la activista a radio Del Plata.
“Se la agarró conmigo, que se meta con los que roban pero no con las Madres”, agregó.
Bonafini aseguró que seguirá con su vida normal y el viernes viajó a la ciudad de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, para participar de un congreso de comunicación.
Con decenas de seguidores en las puertas de la sede de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo, Bonafini subió sonriente a una camioneta para iniciar su viaje.
Por la mañana, el juez había advertido que Bonafini podía “ser detenida en cualquier momento y en cualquier lugar” y que incluso tenía prohibición de salida del país.
Bonafini se negó el jueves por segunda vez en un mes a presentarse a una indagatoria ante el magistrado, que investiga un caso de defraudación a la administración pública en un plan social paralizado en el 2011 por las denuncias.
Martínez de Giorgi investiga ese presunto delito en la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, financiado por el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
Tras esquivar a las fuerzas policiales que fueron a allanar la sede de Madres, a 200 metros del Congreso, para detenerla, Bonafini participó el jueves de la habitual marcha de la organización humanitaria en la Plaza de Mayo.
Fue la ronda dos mil desde que en 1977 unas mujeres comenzaron a reclamar por sus hijos desaparecidos en plena dictadura (1976-83) .
Hebe, la rebelde
El juez declaró a Bonafini oficialmente en “rebeldía” para justificar su detención.
“Nos podrán poner presas, pero lo que no podrán poner preso es el pensamiento”, dijo Bonafini ante cientos de seguidores y varios exministros del gabinete de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), que se acercaron a acompañar a este símbolo argentino, que divide a la sociedad entre amores y odios hacia su figura.
Subrayó en alusión a la justicia: “No le tenemos miedo. Como nos quieren asustar, nos amenazan”, dijo al referirse a una confusa orden de allanamiento que terminó en una escena rocambolesca cuando Bonafini y sus compañeras salían de la sede de la organización para su ronda habitual.
Un cordón humano impidió el allanamiento en las puertas de la sede de Madres, ubicada a 200 metros del Congreso.
El jefe policial, acompañado por varias camionetas policiales y decenas de gendarmes pertrechados, intentaron frenar el vehículo al que subieron las Madres y evitaron a los efectivos.
“Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, cantaban decenas de activistas al acompañar la salida de Bonafini junto a las otras Madres.
Bonafini recordó que en febrero de 1977 empezó su “calvario” con la justicia al hacer 168 presentaciones por su hijo Jorge, y luego por su hijo Raúl, desaparecido en diciembre del mismo año.
“En una constante peregrinación por los juzgados siempre padecí las mismas injusticias, las mismas agresiones. Luego en mayo de 1978, desapareció también mi nuera María Elena, y nada cambió”, sostuvo Bonafini.
La activista contó que en el 2001 denunció agresiones físicas contra su hija Alejandra y posteriormente fue involucrada en la causa por el supuesto desvío de fondos a cargo del exapoderado de la fundación de las Madres Sergio Schoklender.
Dijo que las Madres aportaron cientos de pruebas a los jueces por ese caso y que nunca fueron si quiera leídas, reprochó al juez Martínez de Giorgi.
Por todo eso, consideró una “burla” la citación del jueves que “castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas”, afirmó.
