La Corte Suprema de Justicia de Panamá, encargada de investigar a Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, acusa al exgobernante por “los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad y peculado” .

El caso se refiere a que Martinelli habría ordenado la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas, entre empresarios, activistas sociales y periodistas críticos con su gobierno.

Por ese motivo, la Corte panameña ordenó el pasado 26 de mayo realizar las gestiones para la extradición de Martinelli, después de reclamar su detención en diciembre de 2015.

La justicia solicitó este año a Interpol emitir una alerta roja para la captura del exmandatario, quien abandonó el país cuando era investigado por espionaje y corrupción.

Además de Martinelli, otros cuatro exfuncionarios han sido llamados a juicio por las escuchas ilegales, entre ellos los exsecretarios del Consejo de Seguridad, Alejandro Garúz y Gustavo Pérez.

Los abogados del exgobernante presentaron varios recursos contra la extradición, pero todos fueron rechazados.

 Martinelli salió de Panamá el 28 de enero del 2015 y reside actualmente en Miami, Estados Unidos.

Mantiene varios procesos penales en Panamá, los cuales los lleva la Corte Suprema de Justicia en base al Sistema Penal Acusatorio (SPA), pero en este caso la solicitud corresponde al proceso por pinchazos telefónicos.

Desde su salida de Panamá, el expresidente se ha dedicado a cuestionar la gestión del presidente, Juan Carlos Varela por vía Twitter e incluso ha adelantado en varias ocasiones que regresará a Panamá, pero sus abogados le recomiendan que no lo haga.