Estos tribunales son conocidos como juzgados antimafia que atienden los delitos más graves con las características del crimen organizado o que son de realización compleja, como homicidios cometidos por las pandillas, secuestros, narcotráfico y lavado de dinero.       

Los jueces, que laboran en tribunales de la ciudad de San Miguel, a 135 kilómetros al este de la capital, fueron capturados luego que la Corte Suprema de Justicia accediera a la solicitud de la Fiscalía de retirar el fuero a los juzgadores.

Fueron acusados junto a 12 policías que supuestamente colaboraban con las pandillas; dos empleados de la Fiscalía General de la República; y ocho abogados, que supuestamente ayudaban a los pandilleros para favorecerlos en las resoluciones judiciales.

Entre los policías se detuvieron a siete agentes de la Unidad Antinarcóticos de la policía de San Miguel.         

La Policía también capturó a 30 pandilleros y colaboradores de la pandilla Barrio 18, relacionados con casos de narcotráfico y corrupción judicial, que fueron presentados ante el Juzgado Especializado de San Salvador que ordenó su detención y los envió a la cárcel.