Inmediatamente después de la presentación del documento, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, rechazó que la policía federal haya cometido ejecuciones arbitrarias, y aseguró que el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y las personas que fallecieron se desató cuando éstas se negaron a entregar sus armas.

“No creemos pues que configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias”, dijo categórico Sales en una conferencia de prensa.

Por su parte, al leer el informe Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH (ombudsman), dijo que la Policía cometió “violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles”.

“Con sustento en pruebas técnicas y científicas”, la CNDH denunció en su informe que la policía federal también perpetró “actos de tortura cometidos en agravio de dos personas detenidas”, alteró la escena al mover cadáveres y colocarles de forma “deliberada armas de fuego”.

Los hechos se remontan al 22 de mayo del 2015, cuando ocurrió uno de los enfrentamientos más sangrientos desde que el gobierno mexicano lanzó una guerra contra los cárteles de la droga y del crimen organizado hace una década.

Ese día las fuerzas federales realizaron un aparatoso operativo contra el pujante cártel Jalisco Nueva Generación en un rancho de Tanhuato, ubicado en los límites de Michoacán y Jalisco, dejando un saldo de 42 presuntos delincuentes y un agente federal fallecidos.

De las 22 víctimas, al menos 13 presentaron señas de que el “disparador se encontraba por atrás de su víctima” y otras recibieron balazos “por parte de la tripulación del helicóptero”, dijo la CNDH.

Cuatro mil proyectiles

El gobierno había dicho que en el operativo llevado a cabo en el Rancho del Sol se rindieron sólo tres pistoleros que se encontraban escondidos en la casa principal del predio, mientras que los 42 presuntos delincuentes muertos decidieron enfrentar a la policía, que iba acompañada de un helicóptero Blackhawk, el cual sólo efectuó disparos para contener a los delincuentes.

Pero la CNDH refutó esa versión: “El artillero del helicóptero disparó cuatro mil proyectiles hacia la bodega y la casa que se encuentran en el interior del Rancho del Sol, lo que provocó un incendio en la bodega donde pereció una persona”.

Familiares de los fallecidos denunciaron ante la prensa que muchas de las personas que estaban en ese rancho eran campesinos del vecino estado de Jalisco, y que algunos de los cadáveres mostraban huellas de haber sido golpeados.

Además, la Policía incurrió en “falta de respeto y consideración a dos cadáveres, dadas las quemaduras que presentaron al estar expuestas a fuego directo”.

Otra de las cuatro personas que murieron “por el uso excesivo de la fuerza”, presentaba “lesiones similares a las que se producen en un hecho de tránsito por vehículo en movimiento (…) en una mecánica de atropellamiento”, especificó el ombudsman.

Tácticas militares

En Tanhuato, la policía federal usó una “táctica militar”, pero al no haber en México “una situación de guerra declarada, tendría que respetarse la legislación civil” que indica que se debe buscar ante todo capturar vivo al acusado, comentó a la AFP Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La policía está respondiendo al cartel Jalisco Nueva Generación con la misma dureza con la que éste ataca, de forma marcadamente sanguinaria, consideró Benítez.

La CNDH recomendó a la fiscalía federal y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad investigar los hechos, y el pago de una compensación a los familiares de los 22 civiles señalados por la CNDH.

Renato Sales dijo que se iniciará el proceso para la reparación de daños de los familiares y que colaborará con las investigaciones.

Con éste suman dos casos en los que el ombudsman acusa a las fuerzas de seguridad de cometer ejecuciones extrajudiciales en operativos antidrogas.

El 30 de junio del 2014, en un operativo del Ejército en la comunidad de Tlataya (centro), 22 presuntos pistoleros murieron y sólo un militar resultó herido.

La oficina del ombudsman sostiene que en esa ocasión fueron al menos 12 personas las que murieron por disparos arbitrarios de los militares.