Además de Cordeiro Cruz, fueron procesados el exdirector del área Internacional de Petrobras Jorge Zelada; João Augusto Rezende, considerado el operador en la trama ilegal del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -al que pertenecen Cunha y el presidente en ejercicio, Michel Temer-, y el empresario portugués Idalecio Oliveira.

Los procesamientos fueron solicitados esta semana por agentes de la operación Lava Jato de la policía federal, que investiga los fraudes en la petrolera nacional.

En el caso de Cruz, investigadores citados el jueves por el portal del diario O Estado de Sao Paulo sostienen que era ella quien controlaba una cuenta bancaria suiza que estaba a nombre de la empresa offshore Köpek, con la cual pagó gastos de una tarjeta de crédito en el exterior.

Esos gastos superaron el millón de dólares entre el 2008 y el 2014. Ese valor es considerado incompatible con los salarios y el patrimonio de la familia.

Además, el 99.7 por ciento del dinero depositado en la cuenta de Köpek provino de cuentas bancarias de las empresas Triumph SP, Netherton y Orion SP, que pertenecen a Cunha.

Los fiscales tienen indicios de que esas cuentas del diputado en el exterior eran usadas en secreto por el legislador para garantizar su impunidad y recibir sobornos producto de los delitos contra la administración pública practicados por él.

Los sobornos recibidos por Cunha fueron obtenidos de empresas que consiguieron a través de esos pagos ilícitos contratos con Petrobras.

Cunha ya enfrenta dos autos de procesamiento en el Supremo Tribunal Federal, por sus presuntos nexos con la red ilícita que operó en Petrobras, y tiene un pedido de arresto decretado por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot.

Además, el legislador evangélico enfrenta un proceso de impugnación de su mandato en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, por haber mentido a sus colegas al negar en el 2015 que tenía cuentas bancarias en Suiza.

La existencia de estas cuentas fue confirmada por las autoridades del país europeo, que llegaron a bloquearlas por sospechar que habían recibido dinero fruto de los sobornos.

La suspensión de Cunha de la presidencia del Parlamento y de su mandato como legislador fue decretada por la Corte Suprema, que consideró que se valió de los cargos para entorpecer las investigaciones que lo vinculan con el caso Petrobras y el avance del proceso que puede resultar en su destitución.

Pese a la suspensión, Cunha continúa gozando de las prerrogativas de su cargo. Sigue viviendo en la residencia oficial del presidente del Parlamento, percibe normalmente su salario y goza del privilegio de los fueros, entre otros beneficios.