Sin precisar sus fuentes, el defensor de los derechos de los migrantes indicó que el Gobierno hace “montajes a su conveniencia” para sacar “provecho electoral“, algo que fue negado hoy mismo por el portavoz del Gobierno, Eduardo Sánchez.
Esa “versión es falsa, no existe ningún sustento para tal dicho de que eso ocurrió de esa manera; sería interesante que las personas que exhiben estas razones, den pruebas de ello” , aseguró.
Veracruz es un estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) , del presidente Enrique Peña Nieto, mientras que Ciudad de México es bastión desde 1997 del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) .
Solalinde reveló en octubre que varios testigos le habían contado que los 43 estudiantes detenidos por policías la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos habían sido quemados.
El fiscal mexicano, Jesús Murillo, anunció el viernes que tres integrantes del ese grupo criminal habían confesado que los mataron y quemaron para no dejar rastros.
Según las investigaciones, los ataques a balazos registrados aquella noche, en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas, fueron ordenados por el alcalde José Luis Abarca, un político del PRD que estaba coludido con Guerreros Unidos.
El activista recordó que en una reunión el 23 de octubre en la que estuvo la escritora Elena Poniatowska, Murillo atribuyó lo ocurrido el 26 de septiembre a “un ataque entre cárteles” .
“Los Guerreros Unidos atacaron a Los Rojos (un grupo rival que opera en la región), a unos que venían ahí con los (estudiantes) normalistas” , señaló el fiscal, de acuerdo con el sacerdote, quien recordó que esa “versión” fue filtrada a la prensa, lo que generó indignación entre los familiares de los desaparecidos.
Sin embargo, Murillo cambió su versión al asegurar el viernes pasado que no había evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno, añadió.
El activista lamentó que el Gobierno no reconozca que esto fue “un crimen de Estado y de lesa humanidad” , como si los policías, el alcalde y el secretario de Seguridad, Felipe Flores, quien aún está prófugo, no fueran autoridades “legítimas” , aunque corruptas.
Murillo dijo ayer que el Gobierno no tiene “nada que ocultar” en este caso y está interesado en que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinden ayuda al país, una de las exigencias de los familiares, cuyos abogados tienen acceso a la investigación.
