La ya deteriorada relación entre Lima y Santiago se ha calentado aún más en la última semana luego de la detención en Perú de Víctor Ariza Mendoza, suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), acusado de entregar a Chile secretos de Estado sobre adquisiciones militares.

El caso motivó que el presidente peruano, Alan García, exigiera el lunes último explicaciones al Gobierno chileno.

Si bien el mandatario desvinculó del escándalo a su homóloga Michelle Bachelet y lo relacionó con “algunos sectores” vinculados a lo que llamó “pinochetismo” dentro de las Fuerzas Armadas, calificó como “acto repulsivo” ese supuesto espionaje y definió a Chile como una “republiqueta”.

A lo que Bachelet respondió: “Quiero referirme a una situación que sin duda nos preocupa: las expresiones que llamaría ofensivas y altisonantes que hemos conocido y que en nada contribuyen a la integración y a la cooperación que deben animarnos entre países vecinos”.

Analistas y políticos chilenos vinculan las acusaciones peruanas con una “maniobra mediática” para crear una imagen beligerante de Chile en el marco de una reciente demanda presentada en el Tribunal Internacional de La Haya, Holanda, para tratar de modificar los límites marítimos entre ambos países.

Incautan documentos

Algo similar ocurrió entre las todavía más enfrentadas Venezuela y Colombia tras la detención el 27 de octubre último de dos agentes del servicio de Inteligencia colombiano, a los que, según Caracas, se les incautaron documentos relacionados con operaciones de “espionaje y desestabilización” en Venezuela, Ecuador y Cuba.

El ministro venezolano de Interior, Tarek el Aissami, ha acusado incluso al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de estar al tanto de esas actividades de espionaje, “promovidas desde el Gobierno” de ese país.

El Aissami ve detrás de estas operaciones no solo al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS, Inteligencia estatal), sino también a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, a la que acusó de financiarlas.

El DAS ha asegurado que ninguno de los detenidos en Venezuela es funcionario de esa institución, mientras que la Fiscalía colombiana ha dicho que los documentos con que cuenta Caracas son “reservados” y que investigará por posible “traición a la patria” a quienes los hubieran filtrado a ese país.

Pero tampoco Venezuela es inmune a las acusaciones de espionaje, debido a que en los últimos días se ha suscitado una controversia en Paraguay por la llegada de un avión militar venezolano de un número aún no determinado de militares de ese país con fines que no han quedado claros.

El canciller paraguayo, Héctor Lacognata, declaró que se trató de una escala técnica en un vuelo que, según la Fuerza Aérea, iba a Buenos Aires, aunque según medios de la prensa local, la aeronave dejó dos agentes de incógnito en ese país.

Otro caso de espionaje internacional se destapó en febrero último, en el Cono Sur, con la detención en Uruguay de un ex agente de Inteligencia argentina acusado de haber espiado a políticos, funcionarios y diplomáticos de Argentina, Chile, España y Uruguay.

Iván Velázquez, ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino y experto en informática y en terrorismo islámico, se dedicaba sobre todo a interceptar correos electrónicos.

Según un informe reservado de la Justicia uruguaya, revelado en marzo último por la Prensa, entre los afectados en ese país estaban la secretaria privada de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, Claudia Hernández, y el ahora ex ministro de Defensa Jaime Ravinet.

Uruguay intenta determinar si el ex agente, procesado en Montevideo por haber robado información sobre armamento e identificación de 60 policías, obtenía información para entregarla al SIDE o formaba parte de una organización compuesta por militares de ese país que manejan datos secretos con fines comerciales.

Espiaban a los Kirchner

El escándalo por prácticas de espionaje que sacude a la clase política argentina se agravó después de que un juez encargado del caso apuntara que las escuchas ilegales podrían haber alcanzado también a la presidenta Cristina Fernández y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

Tras una petición del fiscal federal Alberto Nisman, el juez que lleva el caso detuvo al ex comisario y ex jefe de la Policía Metropolitana de la capital argentina, Jorge Fino Palacios, mientras que el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, destituyó al subjefe del cuerpo policial, Osvaldo Chamorro.

En los últimos días, Macri y Fernández se han enfrascado en acusaciones.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS efe / AFP Y SITIOS DE INTERNET

Antecedente Divulgaba secretos  Militar peruano fue fusilado en 1979 

El caso de espionaje de un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) en favor de Chile trajo a la memoria otro caso similar, el del suboficial, también de esa misma élite del Ejército, Julio Vargas Garayar, que fue fusilado en 1979 por haber entregado información secreta a Chile.

Vargas Garayar, quien estaba asignado a la Embajada peruana en Santiago en 1979, fue captado por los servicios de Inteligencia chilenos que le encomendaron tomar fotografías de la base aérea de La Joya, en la región Arequipa, la más importante de Perú, cerca a la frontera chilena.

Investigación Presunto informante  Otorga material secreto a Chile  

El suboficial peruano Víctor Ariza, acusado de haber espiado para Chile, entregó planes sobre la modernización de equipos de guerra y los códigos de los teléfonos encriptados de la Embajada de Perú en Santiago, revelaron fuentes militares de esa investigación.

“Planes estratégicos de la modernización de los equipos de guerra de la FAP hasta el 2021, como el Plan Maldonado para la recuperación de los aviones de combate; fotografías de la base aérea de La Joya (Arequipa), donde están los aviones de combate Mirage-2000, fueron vendidos por Ariza”, informó el diario La República.

Además, podría haber entregado códigos de los números de teléfonos y faxes de la Embajada peruana en la capital chilena e información del personal de Inteligencia de Perú en Chile, revela el diario.