“Se tendría que contratar a mil 562 personas que trabajen 20 días al mes y ocho horas diarias. Aún así no podrían registrarse todos los aparatos en uso porque muchas personas viven en la provincia”, explicó el representante de la operadora Movistar, Francisco Evertsz.

Ricardo Sagastume, representante legal de las tres empresas de telefonía celular en Guatemala, afirmó que otro temor que prevalece es el mal uso que pueda dársele a una base de datos de todas las personas que tienen un móvil.

Irrelevante

Javier Monterroso, secretario privado del Ministerio Público (MP), indicó que el listado de los teléfonos en uso es necesario para hacer un cruce de información con los aparatos que han sido reportados robados, a fin de identificarlos y poder perseguir un crimen.

Eleonora Muralles, directora de la Fundación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), mostró preocupación por la rigidez de las operadoras, ya que considera que se debe anteponer la vida de las personas a cualquier otro beneficio.

“Por robar un celular matan a diario a las personas. Tal vez la ley no acabe con toda la delincuencia, pero dará herramientas a las fuerzas de seguridad y de investigación para perseguir y detener el crimen”, agregó.

También hubo críticas por la falta de acuerdos mientras en el país continúa el robo de celulares.