El pago de Q1 mil 500 mensuales se decretó en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso; Estanzuela, Zacapa y Masagua, Escuintla, luego de un acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial organizado.

Para la PDH las nuevas condiciones laborales “son discriminatorias y violan los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Política y los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo”.

El rechazo de la PDH a las circunscripciones económicas que permiten fijar un salario mínimo diferenciado, se une a la inconformidad manifestada por el Movimiento Sindical Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales que calificaron la decisión de “perversa”.

La PDH a través del comunicado público recomienda al presidente Otto Pérez Molina que derogue los acuerdos gubernativos “por ir en contra de los derechos humanos de la población guatemalteca”, además de suprimir las figuras jurídicas discriminatorias que “generan precedentes negativos, creando ciudadanos de primera y segunda categoría”.

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