Henry Morales, jefe del Registro Aeronáutico Nacional, afirmó que el aumento de usuarios de estas aeronaves ha causado una serie de problemas técnicos a la DGAC para registrar y certificar los aparatos “pues el proceso que se debe seguir es el mismo que se utiliza para identificar a un helicóptero u otra aeronave”.

Explicó que el inconveniente más grande que ha afectado a la DGAC es “la incomprensión de los propietarios, quienes además creen que registrar un dron es un proceso sencillo y que los requisitos son exagerados, por lo que muchos han optado por operar en forma irregular sus aeronaves”.

Sanción de la Oaci

De acuerdo con Morales, maniobrar un dron en forma irregular acarrea una serie de peligros, no solo para los usuarios, sino también para el Estado de Guatemala.

Aseveró que las mayores amenazas las afronta el Estado, pues el uso irresponsable que las personas puedan darle a estos aparatos puede traer graves consecuencias.

“En el peor de los casos, si se llega a comprobar que muchas personas maniobran drones en forma irregular en las cercanías del Aeropuerto Internacional La Aurora, el Estado podría perder la categoría I de aeropuerto internacional, ya que se le consideraría un lugar inseguro para sobrevolar”, explicó Morales.

Dicha categoría es otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, y certificada por la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (Oaci).

Las consecuencias de perder la categoría serían “desastrosas”, pues los vuelos internacionales dejarían de venir al país y el efecto económico y social sería grave, según el funcionario, por la merma en el turismo.

Otro problema podría darse si uno de estos pequeños aparatos es arrastrado por el viento y en forma fortuita choca contra las turbinas o hélices de una aeronave grande, ya que causaría un accidente.

“En ese caso, quien asumiría la responsabilidad tanto de las pérdidas económicas y de vidas que pudieran producirse por el altercado sería el Estado de Guatemala, y este deberá pagar sumas altísimas en indemnizaciones por los daños ocasionados”, declaró Morales.

El abogado penalista David Pineda indicó que, según su análisis jurídico, “podría haber conductas antijurídicas si se usa un dron para perjudicar la seguridad del país”.

“El artículo 367 del Código Penal establece el delito de levantamiento de planos y fortificaciones, y contempla una pena de seis meses a dos años de prisión y multas de Q200 a Q2 mil a quien haga planos sin autorización, de fortalezas, cuarteles, buques, hangares, vías u otras obras militares”, agregó.

Una fuente militar que pidió no revelar su nombre indicó que los aparatos podrían usarse para cometer otros delitos debido a su relativa accesibilidad en el costo y fácil maniobrabilidad en el campo.

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Riesgo en usuarios

El registrador aeronáutico precisó que las personas o empresas que operen en forma irregular un dron también podrían resultar afectados, ya que pueden ser sancionadas con multas que van desde Q1 mil 200 hasta Q300 mil por violar la Ley de Aviación Civil vigente en el país.

El incumplimiento de la normativa se da cuando una persona vuela las aeronaves en condiciones no favorables, sobre zonas prohibidas y cuando opera los artefactos sin certificado de aeronavegabilidad y su matrícula.

Jair Samayoa, interventor de la DGAC, reconoció que la dirección no tiene la capacidad ni recursos para detectar y detener a las personas que vuelen drones en forma irregular.

El Artículo 127 de la Ley de Aviación Civil faculta a la DGAC para requerir el auxilio de la fuerza pública y apunta a que está obligada a prestarla para la inmovilización de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de la aviación y a personas.

El interventor explicó que “aunque no ha existido un acercamiento formal con el Ministerio de Gobernación para tratar el tema se trabaja de la mano con esa institución y se mantiene una buena relación” de trabajo.

Sin protocolo

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, indicó que “el tema se trabaja con el Cuarto Viceministerio Encargado de la Tecnología”.

Para lograr el control del uso de los aparatos, el funcionario aseguró que verán trabajo conjunto “primero desde la línea de tecnología para avanzar en la regulación, que es responsabilidad de la Dirección de Aeronáutica”, y la supervisión, que la harán “porque todos deben cumplir con la ley”.

Sin embargo, el ministro no pudo precisar cuánto tiempo demorarán en desarrollar ese plan, y reconoció que debe darse una reunión con la DGAC “para poder estructurar los protocolos que regirían todo el trabajo”.

López Bonilla tampoco precisó cuándo se organizaría la reunión con la Dirección de Aeronáutica y se limitó a decir que será lo antes posible.

Otros países
En Argentina la fabricación de un dron experimental por parte de la Policía causó  que un grupo de parlamentarios reclame una ley que regule su uso ante el temor de que sirvan para tareas de inteligencia o invadan la intimidad en el espacio público.
En noviembre del 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  se declaró preocupada porque Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago y Belice tienen  aviones  drones, sin que exista un marco legal para su uso  y los riesgos que representa para la privacidad.
Estas naves se han usado  en Colombia y México para la lucha contra el narco.
EFE y AFP

Se utilizan para fotografías
Manuel López Ambrosio, ministro de la Defensa, dijo que tienen conocimiento de que en el país no existen drones con la capacidad de causar algún atentado. “Sabemos que los que hay en Guatemala se usan para tomar fotografías y video”, expresó.
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Uso causa peligro
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, reconoció que el uso inadecuado de drones “es algo que puede generar peligro”. Sin embargo, dijo que tienen “conceptuada la utilización de ese equipo dentro del funcionamiento de la institución”.

DATOS
500 drones o más hay en el país,  según  estimaciones de la DGAC.
US$400 es el precio mínimo de un dron en el mercado.