Para lograr una victoria en la lucha contra la corrupción, son indispensables la trascendencia, la necesidad y el valor de la labor de vigilancia que se deriva de la alianza entre la sociedad y los medios de comunicación, junto con el fortalecimiento del sistema de justicia y el seguimiento de las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público. Son criterios válidos e indudables expresados por el comisionado Iván Velásquez durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada el fin de semana anterior en Antigua Guatemala.

El funcionario indicó en su discurso acerca de la prensa, que como institución afianza su papel cuando informa de manera oportuna completa y veraz y saca a la luz todo aquello que se quiere mantener oculto o en silencio. Esta tarea se enfrenta a los esfuerzos por mantener estructuras que se resisten a desaparecer y que recurren a la desinformación, además de ideologizar esta lucha.

Algunos datos proporcionados por Velásquez son preocupantes, a causa de explicar muchas de las falencias del sistema legal. Por ejemplo, apenas en el diez por ciento de los municipios del país, es decir 34 de los 340, existe presencia del Ministerio Público. Por ello se necesita y justifica incrementar esa presencia y al mismo tiempo asegurar que haya instituciones modernas capaces de que se garantice la también urgente independencia judicial.

Aunque se ha dicho y comentado en otras ocasiones, el señalamiento de que la impunidad supera el 97% de los casos no se puede dejar de considerar una de las razones para la corrupción, no solo a gran nivel, sino aquella muy pequeña en términos económicos, pero con efectos algunas veces tan serios como cuando están en juego miles de quetzales.

Esa certeza de que todo quedará sin castigo no solo se deriva de la poca efectividad del sistema legal, sino sobre todo de la falta de vindicta pública y también de la aceptación social de quienes tienen cambios en su estilo de vida que solo se pueden explicar con actos corruptos.

La vigilancia que menciona el comisionado Velásquez necesita, además, del convencimiento ciudadano de su utilidad. Directa o indirectamente, la corrupción mata, causa daños irreversibles, condena a la sociedad y a sus integrantes a toda una larga lista de males. La denuncia de estos actos viles es tarea de esa alianza mencionada por el funcionario, y que dicho sea de paso ha permanecido sólida durante un tiempo prolongado, que incluye la presencia popular de hace poco más de un año y medio para manifestarse abiertamente contra la corrupción.

Esa auditoría social no solo se justifica para pelear contra la corrupción, sino debe dirigirse a fiscalizar toda actividad de funcionarios públicos cuando manejen fondos del erario y, en general, cuando funcionen como tales. Al ser imposible la corrupción sin que participen otros sectores sociales, tal batalla no puede circunscribirse a los burócratas, sino hay que incluir a sus cómplices. Ello explica las reacciones adversas, no solo al MP y la Cicig, sino en especial a la divulgación de los trabajos periodísticos, cuya importancia se incrementa precisamente porque los entes que deberían investigar no lo hacen a causa de incapacidad o no tienen éxito debido a la misma corrupción.