Ha sido generalizado el respaldo que el comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana han recibido de la sociedad civil, en reconocimiento a su titánica labor, de cara a la depuración de las estructuras criminales enquistadas en el Estado y en la sociedad; algo inédito en el país, a pesar de que la Cicig ya tiene varios años de acompañar a la entidad responsable de la investigación, ayuda que el mismo Estado solicitó en confesión a su incapacidad de combatir la criminalidad por sí mismo.

La población rural, que constituye mayoría, permanece ajena a este hito histórico, pues sus preocupaciones son de sobrevivencia. Sin embargo, esos ciudadanos(as) también resultarán altamente beneficiados cuando tengamos un Estado fortalecido, cuando el presupuesto estatal, aún escaso, no sufra del drenaje que le produce la corrupción, cuando los gobernantes de todos los niveles cumplan con la función asignada en la ley y los ciudadanos confiemos en las instituciones y los funcionarios públicos.

Estas acciones han concitado el sobresalto, que alcanza grados de pavor, de quienes se siente afectados, denunciados, señalados, perseguidos o investigados, porque sus planes ilícitos enfrentan un riesgo real de ser abortados, lo cual pone en peligro también sus intereses, sus capitales y sus malévolos proyectos de corto y mediano plazo. Por eso es que siguen los ataques, las estrategias de descalificación, la resistencia al cambio y a someterse a la justicia.

Por parte del gremio periodístico se continúan repudiando las resientes agresiones en contra de colegas que han sido coaccionados por diputados, atacados por manifestantes, intimidados por liderazgos sociales, que suman ya más de 67 casos en estos meses, de los cuales, según la Unidad de Delitos contra Periodistas, 72 fueron hombres y 12 mujeres las víctimas. La Agencia Cerigua ha alertado a entidades internacionales de este acoso, en contra de los periodistas y de medios de prensa.

La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha circulado varios comunicados en estas últimas semanas, denunciando los ataques en contra del gremio, condenando los mismos y exigiendo a las autoridades la prevención, protección y la investigación pronta y oportuna de estos casos. Pero también externó a la Fiscal General y al titular de la Cicig, “su reconocimiento por la labor desempeñada a favor de la justicia y en el ataque frontal contra la criminalidad”, patentizándoles “su solidaridad y apoyo irrestricto a las acciones emprendidas”.

La APG saludó “el esfuerzo y empeño realizados por la Unidad Fiscal de delitos contra Periodistas en la investigación de los casos de los asesinatos contra periodistas y los insta a continuar intensificando su labor, a efecto de consignar a los tribunales a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos que han atentado contra la vida de 27 periodistas desde el año 2000, así como las 68 denuncias de agresiones y acoso contra periodistas, reporteros, corresponsales y medios de comunicaciones en lo que va del año”.

Asimismo, valoró la intención y voluntad del comisionado, de coadyuvar con las investigaciones, a efecto de lograr ese propósito, compromiso que él asumió con la Comisión de Libertad de Prensa de la APG en una audiencia hace algunos meses.

En el documento, la Comisión de la APG aseguró que continuará dando seguimiento a los casos violatorios a la libertad de expresión y ratificó su confianza en la Cicig y en el Ministerio Público.

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