Mientras en Guatemala un grupo de diputados frenaba una nueva posibilidad de avanzar en las reformas del sector justicia, en Washington varios representantes de los partidos Demócrata y Republicano del Congreso de Estados Unidos emitían ayer la resolución 145, por medio de la cual ratifican su respaldo a la lucha contra la corrupción en los países del Triángulo Norte.

La resolución unánime del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso es lapidaria al reconocer que los esfuerzos que se llevan a cabo en Guatemala, Honduras y El Salvador se deben al impulso de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras y los esfuerzos de los fiscales generales en El Salvador y de los otros dos países.

Con esta resolución bipartidista, los congresistas ratifican que el combate de la corrupción está entre las prioridades de la política estadounidense en Centroamérica y también advierten en el documento dado a conocer de que los esfuerzos en estos países estarán atados a la asistencia económica, cuyas discusiones están próximas a iniciarse al pleno del Congreso.

Se trata de un mensaje contundente, dirigido a los grupos que se oponen al avance de reformas en el sector justicia, pues también muestra su pleno respaldo a la fiscal general Thelma Aldana y al comisionado Iván Velásquez, a quienes identifican como un blanco de ataques, campañas de desprestigio e intentos por demeritar su trabajo.

La lectura obligada sobre esa resolución es clara: para las autoridades guatemaltecas se agotan las excusas para no sumarse a los esfuerzos por combatir a las mafias de cuello blanco, pues de ahora en adelante las presiones irán en aumento, por ser aquí donde existe la mayor resistencia a reconocer esa dura realidad. La resolución de los congresistas pasará al pleno, donde sin duda alguna se elevará el número de voces de repudio contra la corrupción.

Pero la razón más convincente de que esas presiones no cederán es que quien encabeza los esfuerzos por el combate de las mafias es la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, quien fue una de las ponentes de la resolución bipartidista aprobada ayer y se debe tomar en cuenta que no es la primera ocasión en que nuestra compatriota se pronuncia al respecto, lo que denota un compromiso de largo aliento porque se fortalezca el estado de Derecho.

Aunque en Guatemala hay muchas voces en favor de la impunidad y la corrupción, en Estados Unidos se tiene meridiana claridad sobre la importancia de esos esfuerzos, y la resolución 145 enfatiza en que no puede haber retrocesos en lo avanzado y se exhorta al Gobierno de Guatemala a cooperar con la Cicig y los órganos de persecución criminal.

En una clara alusión a las desafortunadas palabras pronunciadas hace poco por el presidente Jimmy Morales, la congresista guatemalteco-estadounidense ratifica que “mientras han buscado obtener justicia, los fiscales generales han enfrentado represalias en forma de amenazas de muerte, campañas de desprestigio y esfuerzos para removerlos de sus puestos”. Todo un reto para quienes desde los más altos cargos se resisten a un cambio de paradigma.