Demasiados políticos guatemaltecos están entre los seres despreciables del escenario nacional y esto obedece fundamentalmente a que son proclives al manoseo de los recursos públicos, a que juegan a ser empresarios y funcionarios a la vez y a que están muy identificados con la piñatización de los ingresos tributarios del Estado, aunque en términos mucho más amplios, más allá de nuestras fronteras, no están solos.

Con los nuestros compiten, en igualdad de trampas, demasiados políticos estadounidenses que se están volviendo cómplices de un repudiable drama, como es la muerte de decenas de personas a manos de enajenados mentales y antisociales que pueden disponer de una cantidad de armas y municiones ilimitadas, el última de los cuales costó la vida a otros 26 inocentes, esta vez en un pueblo cercano a San Antonio, Texas. Las más altas autoridades del país no se atreven a criticar ni menos a prohibir o poner trabas al empleo generalizado de armamento, precisamente porque entre sus financistas se encuentran los grandes vendedores de armas.

La doble moral con la que se conduce esta dirigencia se evidencia con cada hecho de sangre en distintas ciudades estadounidenses. Al ataque de ayer se suma el de hace un mes, cuando un jubilado cometió la peor matanza en Estados Unidos a manos de un hombre armado, y en el cuarto del hotel desde donde disparó se encontró todo un arsenal, difícil de movilizar y el cual tampoco debería ser de fácil adquisición a causa del riesgo implícito en su tenencia.

En esa ocasión, a pesar de las numerosas protestas por la permisiva venta de armas, el presidente Donald Trump apenas emitió una tibia condena, lo cual fue igualmente criticado, por la insensibilidad ante un hecho que dejó 58 muertos, y ayer otro hombre armado causó luto y dolor en los hogares de otras 26 personas.

Pese a la espantosa pesadilla de morir de manera salvaje a manos de hombres armados, el presidente de ese país apenas emite voces de condolencia y en cambio, con el ataque terrorista cometido por un uzbekistano el pasado martes, en Nueva York, pidió que le aplicaran la pena de muerte, con lo cual comprometió a los órganos de justicia.

Uno de los mayores problemas para ese doble rasero, inconcebible cuando se trata de matanzas, es que los vendedores de armas, agrupados en la Asociación Nacional del Rifle, se encuentran entre los principales financistas de los aspirantes a la presidencia y de los principales candidatos para el Congreso, lo que obstaculiza cualquier cambio a las leyes en esa materia.

Ese pecado original de la política estadounidense, tal y como ocurre en Guatemala, es lo que dificulta el endurecimiento de la legislación sobre el uso de armas, todo lo cual ocurre porque se amparan en un artículo constitucional cuya interpretación es muy discutible. Nada cambiará mientras los millonarios recursos de la venta de armas y municiones sigan engrasando los ejes de la política, aunque sea a costa de valiosas vidas.

Nadie puede negar el enorme valor de actuar de manera libre, pero en la actualidad las circunstancias obligan a cambios en beneficio de la sociedad, porque el beneficio individual no puede ser superior al de la colectividad.