Ante la debacle del mercado cafetalero, los sectores poderosos buscan generar un nuevo modelo de acumulación económica, que podría implicar el despojo del territorio y de los saberes indígenas, así como de la biodiversidad nacional.

Para el fin anteriormente enunciado, se perfilan dos proyectos pujantes: el turismo de enclave y las plantaciones madereras.

El primero se basa en la idea de explotar las bellezas escénicas de nuestro país, sin darle participación equitativa a las comunidades que las han conservado e, incluso, impidiéndoles el acceso una vez sean privatizadas.

Las plantaciones madereras se impulsan, generalmente, talando bosque primario -lo que implica acabar con su biodiversidad- y replantando después, para reclamar los incentivos forestales que otorga el Instituto Nacional de Bosques -INAB.

Sendos proyectos le están disputando a los pueblos indígenas los territorios en los que fueron arrumbados, desde hace siglos, después de que se les despojó de las fértiles tierras bajas, donde se desarrolló el cultivo de la grana, primero, y del banano y el algodón después.

Según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- intitulado Pueblos Indígenas y Pobreza, que ya he citado en esta columna, los indígenas habitan, predominantemente, en 193 municipios, que representan el 58% del total.

En ellos, además de producirse el 73% de las hortalizas y el 43% del café, concentra, en promedio, más de la mitad de los diferentes tipos de bosques del país. En el territorio referido, que cobra insospechado valor para los nuevos proyectos turísticos, se localiza el 85% de los monumentos culturales y el 89% de los parques regionales.

Ambos datos bastan para comprender por qué el hábitat de los pueblos indígenas está amenazado por madereros y empresarios turísticos. Las empresas transnacionales no se quedan atrás, y buscan comercializar la rica biodiversida nacional, para lo cual intentan apoderarse de los conocimientos legendarios que, por generaciones, han acumulado los pueblos indígenas sobre los poderes curativos de plantas y organismos.

En Perú, por ejemplo, una empresa farmacéutica patentó los medicamentos extraídos de la uña de gato y, ahora, los ashanincas, de quienes obtuvieron la información, deben pagarle regalías para utilizar el remedio con que han venido curándose durante siglos.

Los indígenas llevaron el caso a los tribunales internacionales, que le dieron la razón a la farmacéutica, basados en las nuevas leyes de propiedad industrial.

La sabiduría de los indígenas guatemaltecos es altamente codiciada, así como nuestra biodiversidad: contamos con 8,681 variedades de plantas superiores, 250 de mamíferos, 231 de reptiles, 88 de anfibios y 664 de aves. Un botín atractivo para aquellos que no tienen escrúpulos para comerciar con la vida.

Gracias a los pueblos indígenas que han conservado su medio ambiente, se pudo establecer el Sistema de Areas Protegidas -SIGAP-, el cual genera 2,015 millones de quetzales anuales, en bienes y servicios, equivalentes al 2.5% del PIB.

Para su protección, el Estado asigna la ridícula suma de 30 millones de quetzales, con los cuales el CONAP no puede frenar su depredación.

Hoy no estamos como en la época de la conquista; contamos con mejores condiciones para evitar este nuevo saqueo, que compromete nuestro futuro y el de nuestros descendientes. ¿Piensa esperar hasta que sus nietos lo increpen por haber dejado que los despojaran de su patrimonio natural? Ahora es cuando.