El acceso a suficientes alimentos, nutritivos y de calidad, es un derecho humano fundamental, garantizado en la Constitución y en las leyes de nuestro país. Suficiencia productiva, mercadeo eficiente, bajo costo e inocuidad son los pilares del derecho a la alimentación de todos y cada uno de los guatemaltecos.

Para que el ciudadano medio -rural, pobre e indígena- se pueda alimentar debidamente, debe tener ingresos suficientes para comprar su comida a bajo precio. Esto implica que el Estado debe impulsar políticas de pleno empleo, estimular técnica y financieramente la producción, y romper con las cadenas de intermediación comercial, que encarecen los productos y empobrecen al productor.

La inocuidad de los alimentos es uno de los aspectos más complejos para alcanzar la seguridad alimentaria nacional. Se considera que un alimento inocuo es aquel que no hace daño, si se consume racionalmente; dentro de tal consideración, se ha levantado un debate mundial sobre la inocuidad de los alimentos trasgénicos, que son aquellos producidos manipulando sus genes, gracias a los avances de la biotecnología.

Los alimentos transgénicos violentan las leyes de la naturaleza, pues a algunas plantas se les mezclan genes de animales, como los tomates resistentes a las heladas, por tener genes de salmón. En otros casos, se producen granos con insecticida incorporado. Todo esto se hace en los laboratorios de empresas privadas, sin mediar pruebas de consumo de largo plazo, por lo que no se sabe, a ciencia cierta, qué efectos tendrán en el ser humano.

Las empresas transnacionales, como Aventis/Monsanto, se limitan a certificar que su producto transgénico es apto para el consumo humano pues, según los estudios de laboratorio, no contienen tóxicos. Sin embargo, nada dicen de los efectos colaterales, pues tales investigaciones implicarían costos millonarios y años de trabajo.

A la fecha, ha sido probado que algunos alimentos transgénicos producen alergias y, lo más grave, resistencia al benigno efecto de los antibióticos, lo cual podría implicar la muerte de consumidores por enfermedades infecciosas comunes.

Las empresas fabricantes de alimentos genéticamente modificados se defienden planteando que aquellos que cuestionamos su inocuidad deberíamos probar que son dañinos, pues somos los acusadores.

Tal argumento es mañoso y riñe con la doctrina jurídica, pues, en este caso, la carga de la prueba recae en aquellos que generan un nuevo ser vivo, que no existía en la naturaleza; son ellos quienes deben probar plenamente su inocuidad.

Para curarse en salud, la humanidad ha concebido una salvaguarda legal denominado Principio de Precaución, el cual considera que la tecnología de los organismos genéticamente modificados no es segura, hasta que se pruebe lo contrario. Tal principio está contenido en el Protocolo de Cartagena Sobre Bioseguridad, y ha servido de base a los países de la Unión Europea para no permitir el ingreso de muchos alimentos transgénicos en su territorio.

Producto de esta polémica, Edin Barrientos, actual Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- invitó a un grupo de periodistas y ambientalistas para abordar esta temática de manera seria e integral. Hemos alcanzado un primer acuerdo de gran trascendencia: el MAGA emitirá, concertadamente, una política de Estado sobre alimentos transgénicos, con acompañamiento de la prensa y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Cuatro de los diez principios básicos que contendrá tal política son los siguientes: a) Promover un programa para alcanzar, en cinco años, la suficiencia alimentaria nacional; b) apego progresivo al Principio de Precaución, estableciendo su plena vigencia cuando se alcance la suficiencia alimentaria; c) prohibición de importación, comercialización y experimentación de semillas transgénicas; d) la carga de la prueba recaerá en aquellas personas individuales o jurídicas que pretendan importar, experimentar o comercializar alimentos transgénicos.

La primera piedra ya está sentada y demuestra que, cuando hay voluntad política y tolerancia, es posible edificar, entre la ciudadanía y el Estado, una nueva Guatemala, más justa, equitativa y democrática, en la cual el acceso a una alimentación barata, nutritiva y segura esté garantizado.