Miramundo

25 años de Guatemala Memoria del Silencio

El informe señala cómo la exclusión estructural en la sociedad generó un marco propicio para el enfrentamiento.

El 23 de junio de 1994 en Oslo se firmó el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca”, con el objetivo de establecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos vinculados al enfrentamiento armado, elaborar un informe y establecer recomendaciones de reparación.

De 1960 a 1996 el país vivió un enfrentamiento armado violento, su saldo de dolor es enorme.

El informe Guatemala Memoria del Silencio se presentó el 25 de febrero de 1999 en la Sala Efraín Recinos del Gran Teatro Nacional, este domingo cumplirá sus primeros 25 años de haberse hecho público.

Veinticinco años parecen mucho, pero para la historia de un país es muy poco. El informe rendido para su debate y análisis jamás pretendió convertirse en la palabra grabada en piedra, por el contrario, procuró constituirse como un instrumento para generar marcos de reforma sociales, institucionales y de varios tipos para construir una sociedad democrática, tolerante y en paz.

El informe, igual que cientos de análisis históricos, señalan cómo la exclusión estructural en la sociedad generó un marco propicio para el enfrentamiento, pero esto sumado al cierre de espacios de participación política democrática y la negación de la justicia como instrumento para solventar diferencias provocó reacciones de violencia.

Un Estado excluyente con cierre de espacios e instrumentalizando la justicia como extremidad represiva, constituyó el mejor caldo de cultivo para una izquierda revolucionaria en auge en buena parte del continente.

El informe se presentó y es de fácil acceso para quien tenga interés, las causas del enfrentamiento armado están señaladas para coincidir con ellas o para tener reservas, pero un punto clave es nuestra obligación conocerlas para no repetir los errores y horrores vividos.

Desde hace 6 años, en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei el cierre de espacios de participación social, la negación al pluralismo político y la instrumentalización, bastante descarada y sobresalientemente mediocre, de la justicia como instrumento de represión al pensamiento opositor condujo a peligros innecesarios y fue marcado el deseo para imponer el miedo para conseguir silencio.

El informe Guatemala Memoria del Silencio se denomina así porque el miedo introdujo la censura y la autocensura como el mejor cómplice del horror, pero sobre todo el aparato judicial fue el gran instrumento de impunidad.

“El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción el Poder Judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala”, dice el informe, pero lo grave es como en 2024 el sistema judicial registra claras muestras de abuso e instrumentalización para la caza de opositores y asegurar privilegios de impunidad llegándose al extremo de liderar el Ministerio Público el mayor intento por sabotear la alternancia republicana en el poder.

De 1960 a 1996 el país vivió un enfrentamiento armado violento, su saldo de dolor es enorme, pero la historia debe servir para conocerla y superarla, no para vivir restregándose en ella, tenemos la obligación de construir grandes tareas entre las que sobresale una Justicia para la Paz.

Sin temor a equivocaciones en este momento el sistema de justicia en su conjunto, registra sus peores índices desde la vigencia constitucional, pero lo peor es que también a su crisis se une la de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados de allí la necesidad de comprender el pasado y rechazar estos intentos por lograr “una justicia” al servicio del crimen, el miedo y la impunidad y no de la paz.

ESCRITO POR:

Alejandro Balsells Conde

Abogado y notario, egresado de la Universidad Rafael Landívar y catedrático de Derecho Constitucional en dicha casa de estudios. Ha sido consultor de entidades nacionales e internacionales, y ejerce el derecho.