Estado, empresa y sociedad
A 28 años de su fundación
La creación de la SAT no fue un simple acto administrativo, sino la respuesta histórica a la corrupción.
Recientemente comentaron el interés de crear “superintendencias” como la Superintendencia de Bancos —SIB— (creada en 1946 y repotenciada en 2002) o como la Superintendencia de Administración Tributaria —SAT— (creada en 1998), como respuesta a la inoperancia del gobierno. Creo que la inoperancia de los funcionarios públicos está más asociada con la ineptitud, inexperiencia, incapacidad, temor, o subordinación a intereses políticos o económicos, sin importar si están en un ministerio centralizado o en una entidad descentralizada. Pero habiendo participado en la creación de la SAT, me preguntaron las razones de su fundación.
En aquel tiempo, me dijeron que la guerrilla contrabandeaba armas y municiones a través de las aduanas, por lo que las vigilaron durante el enfrentamiento armado interno. Cerca de la firma de los acuerdos de paz, en 1996, se descubrió que, durante más de una década, dicha excusa había servido para permear el sistema aduanero y defraudar al fisco en beneficio de una estructura secreta, político-militar.
Como Ministro de Finanzas (MINFIN) no tenía idea de que existía dicho aparato y cuerpo ilegal y clandestino incrustado en las Direcciones de Aduanas y de Rentas Internas (sección de vehículos), pero bajo el liderazgo del Presidente de la República se decidió perseguir dicho flagelo. Cuando la organización se percató de las intenciones presidenciales, en agosto mandó al mandatario el mensaje de que los dejara en paz o, en caso contrario, quizás le podría pasar algo muy grave. La amenaza provocó la inmediata reacción del gobierno que decidió la intervención de Aduanas, en septiembre de 1996.
La SAT se planteó como una respuesta institucional en contra de la corrupción, por lo que debería ser ejemplo y modelo de honradez, transparencia y rendición de cuentas.
La cooptación de la precitada Dirección era tan grave y la red de corrupción, evasión y defraudación estaba tan enraizada, que se prefirió hacer “borrón y cuenta nueva” y, con el acompañamiento del Banco Mundial, se decidió crear una entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, para la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos.
La creación de la SAT no fue un simple acto administrativo, sino la respuesta histórica a la corrupción, evasión y debilidad institucional. La queríamos a imagen y semejanza del Banco de Guatemala o la Superintendencia de Bancos (mi alma mater profesional), con independencia legal, técnica y moral, basada en una efectiva estructura organizacional; con automatización de sistemas que simplificaran los procesos, con tecnologías de la información modernas; recursos humanos capaces, especializados y honestos; dentro de una cultura de trabajo y servicio, que garantizara independencia frente a intereses económicos, políticos o criminales espurios.
En el contexto de los acuerdos de paz, el país enfrentaba el reto de reconstruir el Estado y establecer una política tributaria justa, universal, obligatoria y globalmente progresiva, conforme al principio constitucional de la capacidad de pago. La SAT se planteó como una respuesta institucional en contra de la corrupción, por lo que debería ser ejemplo y modelo de honradez, transparencia y rendición de cuentas.
Hace 28 años, el 23 de junio de 1998, tuve el honor de presidir la primera sesión del Directorio de la SAT y dejar instalada la nueva institución, que para su servidor fue un sueño, que luego se convirtió en pesadilla, pero que, con sus luces y sombras, debe ser un baluarte contra la corrupción y motor para el desarrollo del país, dado que es la columna vertebral de los ingresos para el financiamiento del Estado.