Estado, empresa y sociedad
Alerta, Presupuesto 2027
La Ley Orgánica del Presupuesto no permite el uso del crédito público para cubrir gastos corrientes u operativos.
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, entregado por el Ejecutivo al Congreso el 2 de septiembre (iniciativa 6841), suma Q192,045 millones; es decir, 14% más que el presupuesto vigente de este año. Con razón, la Red de Centros de Pensamiento, integrada por ASIES, CIEN, ICEFI, FLACSO, FUNDESA, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo, expresó su preocupación.
El nivel de gasto daría lugar a un déficit fiscal equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB), parecido al del 2020, cuando se aprobó un endeudamiento extraordinario para los programas de emergencia de la pandemia del COVID19. Ahora no hay pandemia ni emergencia alguna, pero sí tendremos el año electoral. Para cubrir la brecha se propone una emisión de bonos del Tesoro por Q42,750 millones, que casi duplica lo autorizado para 2026.
Más grave aún es que 53.6% de esa deuda bonificada (Q23,716 millones), financiará gastos de funcionamiento. Lo he reiterado en estas columnas: así como en lo personal, familiar o empresarial no debemos endeudarnos para pagar gastos recurrentes, el Estado tampoco debe hacerlo, porque los fondos del préstamo o crédito se reciben una sola vez, pero los gastos y obligaciones se repiten cada año (sueldos y salarios, por ejemplo). Además, la Ley Orgánica del Presupuesto no permite el uso del crédito público para cubrir gastos corrientes u operativos, sino únicamente debieran ser para inversión en hospitales, escuelas, carreteras, puentes, puertos o aeropuertos.
Los ingresos tampoco ayudan. La recaudación tributaria crecerá menos que el gasto y la carga tributaria seguirá alrededor del 12% del PIB. Se considera factible la proyección de recaudación (9.9% más que lo estimado para 2026), pero se advierte que las obligaciones del Estado y el pago de la deuda absorben la mayor parte de los recursos, mientras persisten deficiencias en la cobertura y calidad de la salud y la educación.
Obligar al Ejecutivo a readecuaciones presupuestarias o a usar saldos de caja no cumplen con este requisito
Las asignaciones para las Secretarías de la Presidencia y otras dependencias del Ejecutivo aumentan 38%, principalmente para el FODIGUA, SEGEPLAN y SOSEP porque contemplan crear 2,000 puestos de trabajo (28% más que el nivel actual). Como bien dicen los Centros de Pensamiento, en un año electoral esto genera dudas sobre el verdadero propósito de las nuevas contrataciones.
Otro punto de alerta son los COCODES. Se incluye otro aporte extraordinario, cuando su presupuesto vigente supera los Q15,000 millones, equivalente al presupuesto del Ministerio de Salud Pública, pero que en 2025 apenas ejecutaron el 62% y a inicios de octubre de este año no superaban el 30%. Permitir que los fondos no ejecutados pasen al año siguiente premia la ineficiencia y, sin transparencia, el riesgo es que se usen con fines electorales.
El plazo vence el 30 de noviembre. Si no se aprueba, seguiría vigente el presupuesto de este año, que ya fue ampliado. Otra vez, mal con él, pero peor sin él. Lo sensato es que los diputados depuren el proyecto, reduzcan el gasto superfluo y las asignaciones dudosas; y, que el gobierno en 2027 pueda ejecutar con efectividad (eficacia y eficiencia) y transparencia. Porque, como siempre, el problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo, en qué y con qué resultados.
Coincido con el llamado de la Red al Congreso: revertir el gasto expansivo, frenar el endeudamiento creciente y no aprobar nuevas obligaciones de gasto sin definir su fuente de financiamiento, conforme el artículo 240 constitucional. Obligar al Ejecutivo a readecuaciones presupuestarias o a usar saldos de caja no cumplen con este requisito