Estado, empresa y sociedad
Alivio tributario debilita la autonomía municipal
La diferencia entre un municipio fuerte y uno dependiente está en el peso de sus ingresos propios.
Los municipios alrededor del mundo se financian con una mezcla de ingresos propios (impuestos locales; tasas, arbitrios, contribuciones, cobro por servicios); transferencias del gobierno central (situado constitucional o por disposiciones legales); deuda pública regulada; ingresos patrimoniales; multas y sanciones.
La dependencia del gobierno central afecta el desarrollo local porque cambia la lógica del municipio.
El impuesto sobre la propiedad inmueble: predial, territorial, property tax o IUSI (Impuesto único sobre inmuebles), es usado porque la propiedad no se puede mover, no se puede ocultar, gana valor con el tiempo y se beneficia de los servicios de un municipio que funciona: cuando hay calles, agua, drenajes, alumbrado, parques, seguridad vial, ordenamiento urbano y recolección de basura (70% inversión y 30% funcionamiento).
Pero tiene la desventaja que se calcula sobre el valor del inmueble y no sobre la capacidad de pago del propietario; requiere de un catastro moderno para valorar cada inmueble de forma justa y actualizada; además de que, si una zona se valoriza rápidamente, el impuesto a pagar sube, lo que puede obligar a los residentes de bajos ingresos a vender por no poder pagar el impuesto (gentrificación).
La diferencia entre un municipio fuerte y uno dependiente está en el peso de sus ingresos propios, porque cuando la mayor parte del dinero proviene del gobierno central (Ejecutivo, autorizado por el Legislativo), la autonomía municipal es una fantasía: el municipio conserva responsabilidades, pero pierde autonomía y capacidad de decisión.
El Congreso de la República (decreto 18-2026, pendiente de publicar) decidió eximir del pago del IUSI a los inmuebles destinados a vivienda (tasa cero) y modificar las escalas aplicables a los inmuebles no residenciales, que indudablemente alivia la carga tributaria de los propietarios de inmuebles para residencia, pero afecta a aquellas municipalidades cuyos ingresos provenientes del IUSI son esenciales para brindar bienes y servicios públicos a sus habitantes (si no quieren menoscabarlos en detrimento de sus vecinos), lo que significa menos ingresos propios, menor autonomía financiera y mayor dependencia del gobierno central y del organismo legislativo. En otras palabras, hará de los municipios más dependientes, más obedientes y vulnerables del poder político central.
La recaudación anual del IUSI suma más de Q1,850 millones, afectando potencialmente más a los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa, Villa Canales (todos conurbanos de la capital), así como de otras ciudades importantes en el interior del país.
Por eso, eliminar o debilitar el IUSI no afecta a todos por igual. En municipios grandes puede significar una pérdida importante de ingresos propios; en municipios pequeños puede profundizar la dependencia de transferencias centrales. En ambos casos, el riesgo es el mismo: menos autonomía municipal.
No cabe duda de que procedía revisar el IUSI residencial porque generaba asimetrías e injusticias, pero haber eliminado de tajo el impuesto sin considerar las consecuencias, denota un afán más politiquero populista, porque es pan para hoy, pero hambre para mañana.
Eliminar el IUSI residencial puede aliviar momentáneamente al contribuyente, pero agrava una debilidad histórica del poder local: su falta de recursos propios. La dependencia del gobierno central afecta el desarrollo local porque cambia la lógica del municipio: en vez de planificar con ingresos propios, estables y vinculados a su territorio, queda esperando recursos que decide, administra o retrasa otro nivel político de gobierno.