Tomo prestado y parafraseo el título del libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, para referirme a lo que sucede en Guatemala y en casi todos los países centroamericanos.

Paulatinamente en la región se están instalando regímenes autocráticos que, aunque con características y a ritmos distintos, están arrasando con la separación de poderes, la independencia judicial, los derechos y libertades ciudadanas, la pluralidad mediática y política e, incluso, la legitimidad de los procesos electorales. El extremo y el espejo, claro está, es Nicaragua.

No es que las nuestras hayan sido democracias sólidas y fuertes, no. Precisamente en las deudas democráticas se asienta gran parte del problema. Aquellas carencias que se pensó que se resolverían —pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, inseguridad, desempleo, violencia y un largo etcétera— siguieron profundizándose y hoy muchas personas están dispuestas a “sacrificar” derechos, bajo la falsa promesa de que con la concentración del poder y la “mano dura” la realidad va a cambiar. Nada más falso, pero así estamos. Solo hay que voltear a ver a El Salvador.

En el caso de Guatemala tenemos un régimen autoritario corporativo que busca la consolidación absoluta de su poder a través de la manipulación del proceso electoral, aunque eso suponga el cada vez más descarado irrespeto a los derechos políticos fundamentales de elegir y ser electo.

A eso responde la arbitrariedad manifiesta de las decisiones del TSE de negar la inscripción de candidatos y candidatas que incomodan al Pacto y la ratificación de esos atropellos por las altas cortes. Sin dejar fuera, por supuesto, a la actual Feci, que, siguiendo la ruta trazada por Consuelo Porras Argueta —amiga de la pareja presidencial—, instrumentaliza el poder punitivo del Estado en contra de todo aquel que sea tildado de “enemigo”.

Así se explica la saña del MP en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, a quien, en un juicio plagado de arbitrariedades, la fiscal Cinthia Monterroso pidió condenar a 40 años de prisión. Uno de los argumentos vertidos en la audiencia donde la fiscalía presentó sus conclusiones es que Zamora se habría referido irrespetuosamente a Porras y a Rafael Curruchiche, a quien llamó “tonto con iniciativa”, y eso sería motivo suficiente para duplicarle la pena por uno de los delitos que se le imputan.

Al rosario de violaciones al debido proceso —un caso armado en 72 horas, presiones y persecución judicial contra sus abogados; rechazo de la mayoría de pruebas de descargo y dar por válidas las afirmaciones del testigo “clave”, sin que haya presentado elementos que confirman lo que dice— hay que agregar que durante todo el juicio no se logró probar el origen ilícito del dinero y que los cintillos bancarios que tenían los billetes cuando fueron incautados están “desaparecidos”.

Todo lo anterior para decir que, aunque lo nieguen una y otra vez, el propósito de la captura y persecución judicial contra Zamora no es otro que castigarle por las informaciones e investigaciones que publicó durante años elPeriódico, obligarlo a cerrar el medio y lanzar un mensaje ejemplificante para que el resto de periodistas veamos lo que nos puede pasar.

Pero no se quedan ahí. La insistencia en perseguir penalmente a Dulce Archila y Nanci Sinto, acusadas por participar en la manifestación del #21N y hacer pintas en las paredes del Congreso, que dicho sea de paso se limpiaron con agua y jabón, busca igualmente castigar el legítimo derecho a manifestar. Aunque ambos casos fueron sobreseídos por una jueza, el MP volvió a la carga y ayer dio inicio el debate oral contra las activistas. Como decía al inicio de esta columna, así está muriendo nuestra democracia.