Los centros de poder económico, a lo largo y ancho del continente, nos están demostrando claramente cómo se manejan los intereses en función de la consolidación de un Estado cautivo. A lo largo de la historia se ha comprobado cómo, desde el centro mismo del Estado, se tejen las redes diseñadas específicamente para anular la voluntad de los pueblos por medio de artimañas institucionalizadas, hechas ley y transformadas en el cepo de las débiles democracias latinoamericanas. Los eventos electorales se han constituido en un remedo de ejercicio ciudadano, en los cuales la decisión de la población se limita a votar por el menos peor y en donde, en muy raras ocasiones, existe un proceso transparente sin el escandaloso derroche de recursos de los más poderosos.

El gran capital no cede y, probablemente, se defenderá con uñas y dientes de cualquier giro intempestivo en contra de su hegemonía. Amparado durante décadas por un sector político desprestigiado, corrupto y engañoso, con el respaldo de ejércitos dispuestos a intervenir ante el menor peligro de una rebelión popular y el apoyo indiscutible de los sectores más conservadores de la comunidad internacional -con Estados Unidos a la cabeza- las opciones para generar cambios profundos del estatus resultan prácticamente nulas. Sumado a ello, la manera fraudulenta de administrar los fondos del Estado para consolidar privilegios y mantener a la ciudadanía contra las cuerdas, ha sido la herramienta clave para los gobiernos del continente.

Pocas y raras son las excepciones y, cuando se producen, esos intentos de refundación se enfrentan con impotencia a la amenaza de invasiones, golpes de Estado y uso de la represión. Todo ello, con la entusiasta anuencia de organismos diseñados ad hoc, como la OEA. Los pueblos de América Latina han pasado desde tiempos de la Colonia por las más duras experiencias: desde dictaduras de terror como las de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y otras que registran los archivos históricos, hasta atrocidades incalificables como el genocidio perpetrado en Guatemala contra las comunidades mayas. Sin embargo, nada de eso ha conseguido destruir por completo las esperanzas de recuperación de derechos y libertades, por lo tanto los pueblos ponen sus expectativas en la recuperación de cualquier pequeño resquicio de verdadera independencia.

Una de las estratagemas más perversas de estas cúpulas poderosas ha sido la compra de voluntades en los tres poderes del Estado. Mantener la obediencia del Ejecutivo –por quien apostaron un enorme capital en propaganda electoral- es el primer paso para garantizar la inmunidad frente a la ley. El segundo paso es repartir billetes a mansalva entre los legisladores, para poner el punto decisivo con la obediencia de jueces y magistrados. El golpe es certero y nada puede revertir el esquema, a menos que una población empobrecida y maltratada decida salir de la apatía y reaccione, arriesgando la vida en el intento.

América Latina vive en un constante ciclo de avances y retrocesos. Su dependencia de políticas externas y la profunda degradación de las bases institucionales de sus Estados, constituyen una amenaza tan cierta como constante. El debilitamiento de políticas públicas como las de educación, salud, empleo y protección de la niñez, reflejan con prístina claridad cómo los grupos de poder económico, en lugar de ser una fuerza productiva y una herramienta de desarrollo, constituyen una amenaza constante contra la integridad y los derechos fundamentales de los pueblos.