Estados Unidos
Rincón de Petul
Cobros desde Washington, un tiro por la culata
Provocar desorden, ocultamiento de activos y abuso. Todo, por una recaudación marginal.
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De vez en cuando se leen noticias que parecen no tener mucho sentido y que, más bien, provocan pensar que solo a una persona por ahí en la oficina de Gobierno se le pudo ocurrir que sería una buena idea. La información de que el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. estaría convocando a empresas privadas para rastrear y cobrar multas migratorias a personas mexicanas, guatemaltecas y hondureñas, ya de vuelta en sus países de origen, me pareció una de esas malas ocurrencias. Una de esas ideas que, examinada con el mínimo detenimiento, empieza a anunciar la palabra: “desastre”. Hablemos aquí de tres limitaciones que este anuncio provocará.
La primera, es legal. Una que tendrá a internacionalistas preguntándose por procedimientos inéditos y al público lego imaginando mecanismos cuyo tecnicismo no es fácil de descifrar. Empezarán a sonar los tratados internacionales, para una posible acción en territorio guatemalteco; o la ejecución de sentencias extranjeras. Pero, por donde se le mire, el panorama pinta complicado y probablemente termine en una imposibilidad de ejecución. Ahora, si acaso la intención se limitara al cobro extrajudicial, saltan otras preocupaciones aún más terrenales. Intimidaciones, abusos y la proliferación de estafadores en estos países de tan pocos controles. Y si se lograra lo judicial, podría terminar incentivando el ocultamiento de activos y bienes ante el temor de embargos.
La segunda limitación es práctica. La administración actual en Washington había sido clara y coherente en su objetivo principal, de que quienes viven sin residencia legal abandonen el país. En ese ánimo incluso llegaron a ofrecer dinero a quienes decidieran salir sin el uso de la fuerza. Y ese esfuerzo pareció dar números interesantes. Al comparar las cifras del IGM sobre retornados forzados con la estimación del Minex de guatemaltecos en Estados Unidos, por cada deportado habría alrededor de tres personas que retornaron voluntariamente. Personas que, cabe asumir, regresaron buscando por lo menos vivir en paz en su propio país. Perseguirlas hasta aquí con una cuenta pendiente parece un contrasentido a lo que Washington un día buscó premiar.
Esta noticia parece venida de un mundo surreal.
La tercera limitación es económica. No tenemos el dato desagregado de lo que buscan cobrar en cada uno de los tres países. Pero, si los US$423 millones se dividieran equitativamente entre México, Guatemala y Honduras, nuestro universo a cobrar se limitaría a US$141 millones. Y si entendemos que ni las empresas locales de cobranza recuperan siquiera la mitad de sus carteras, el resultado potencial empieza a verse diminuto frente a un presupuesto anual del CBP de US$24 millardos. Tanta maquinaria, tanto problema y probablemente poco dinero.
Esta noticia parece venida de un mundo surreal. Se castiga a quien terminó yéndose, que fue precisamente lo que se le pidió. Es fácil anticipar desorden, ocultamiento de activos y la apertura de espacios para abusos. Todo eso que le encanta a las estructuras del crimen organizado. Y todo esto, a cambio de una recaudación que bien podríamos llamar “marginal”. En su afán de perseguir al migrante hasta su última montaña, Washington arriesga ahora incluso ir en vía contraria a los intentos por transparentar los movimientos de capitales y su bancarización. ¿A quién se le ocurrió esto, honestamente? No parece una decisión racional. Si la política proviniera de uno de nuestros desordenados países, uno pensaría inmediatamente: “¿Qué funcionario corrupto se beneficiará? Pero esto viene de un país más institucionalizado. Aun, tanta persecución para cobrar tan poco. ¿Acaso, entonces, tan grande es el odio?
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