Estados Unidos
Construyendo ideas
Cuando el fiscalizador le debe al fiscalizado
La Contraloría no puede convertirse en una ventanilla política que abra o cierre puertas según quién toque.
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La corrupción no comienza cuando alguien se roba un quetzal. Comienza antes: cuando los controles dejan de funcionar, fiscalizar se convierte en trámite y quienes administran recursos públicos descubren que probablemente nadie les pedirá cuentas.
Una fiscalización efectiva debe detectar riesgos y generar consecuencias.
Por eso la elección del próximo Contralor General de Cuentas debería importarnos mucho más de lo que parece.
La Contraloría no es una institución decorativa. Su responsabilidad constitucional es fiscalizar los recursos del Estado y de quienes reciben, administran o invierten fondos públicos. En palabras sencillas: existe para cuidar el dinero de todos.
Y hablamos de mucho dinero.
Durante 2025 la Contraloría finalizó 1,362 informes de auditoría por más de Q400 mil millones. Además, reportó 3,080 sanciones económicas por Q162.4 millones y 114 denuncias penales relacionadas con más de Q8,771 millones.
Fiscalizar no puede significar llegar cuando el dinero desapareció, la obra quedó abandonada o el contrato ya fue pagado.
Una fiscalización efectiva debe detectar riesgos y generar consecuencias.
Guatemala tampoco necesita una Contraloría que persiga errores administrativos menores mientras las grandes decisiones sobre recursos públicos escapan del control. Necesitamos una institución fuerte, independiente y capaz de distinguir entre un error y un verdadero acto de corrupción.
Una fiscalización débil abre las puertas a la corrupción. Pero una sometida a intereses políticos puede ser todavía más peligrosa.
El control de los recursos públicos jamás puede convertirse en moneda de cambio del poder.
Esto cobra especial relevancia cuando nos acercamos a un nuevo proceso electoral.
El finiquito no es un simple papel. La legislación establece que quienes hayan ejercido cargos públicos y pretendan optar nuevamente a uno, en los casos establecidos por la ley, deben acreditar ante la Contraloría que no tienen reclamaciones o juicios pendientes derivados de su gestión.
La Contraloría no puede convertirse en una ventanilla política que abra o cierre puertas según quién toque.
Un finiquito no puede ser premio para el aliado ni su ausencia castigo para el adversario. Debe responder exclusivamente a expedientes, auditorías, hallazgos y a la ley.
Ni llamadas. Ni favores. Ni presiones. Ni cálculos electorales.
En las próximas semanas avanzará el proceso para elegir al Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. La Comisión de Postulación deberá presentar seis candidatos y corresponderá al Congreso realizar la elección.
No estamos eligiendo al administrador de otra institución. Estamos eligiendo a quien deberá fiscalizar al poder.
Sería contradictorio que esa elección terminara determinada precisamente por intereses que posteriormente deberán ser fiscalizados.
El fiscalizado no debería escoger a un fiscalizador cómodo.
El próximo contralor no debe responder al Gobierno, oposición, empresarios, alcaldes, partidos ni estructuras políticas. Mucho menos llegar al cargo debiendo favores a quienes mañana deberá fiscalizar.
Su lealtad debe estar con la ley y con los ciudadanos.
Porque detrás de cada quetzal mal utilizado existe una consecuencia: una medicina que no llegó, una escuela que no fue reparada, una carretera deteriorada o una obra que nunca terminó.
El dinero público no es dinero del Gobierno. Es dinero de los ciudadanos.
Una Contraloría independiente puede incomodar al poder. Una Contraloría débil puede convivir con él. Y una Contraloría capturada puede terminar protegiéndolo.
Quien llegue a dirigirla debe comprender desde el primer día que no fue electo para cuidar políticos.
Fue electo para cuidar el dinero de los guatemaltecos.
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