Algunos estudiosos de la libertad hablan de “libertades”, para distinguir la libertad moral de la libertad cívico-política, por ejemplo. La primera se refiere a la posibilidad de optar entre hacer el bien o el mal, y la segunda se refiere a la posibilidad de actuar sin coacción alguna dentro de un ámbito o conjunto de circunstancias determinado. Yo me refiero aquí a la libertad en este segundo sentido.

En un Estado que no sea autoritario, generalmente la soberanía radica en los ciudadanos y se produce una delegación de poder de aquellos en los órganos del Estado. Estos ejercen esos poderes de acuerdo con los preceptos y dentro de los límites de unas reglas constitucionales y legales y queda así claro que la libertad de los ciudadanos tiene un significado muy específico.

En nuestros días, la libertad del hombre, como ciudadano de un Estado que no sea autoritario, no consiste en la posibilidad de hacer lo que le plazca. Su significado es mucho más restringido y tiene, más bien, un carácter negativo. Es decir, consiste en que, si actúa dentro de la Ley, está libre de coacción arbitraria.

Así, por ejemplo, en las circunstancias de esta pandemia, ha habido prohibiciones de circular y de vender bebidas alcohólicas después de cierta hora y, si algún ciudadano circulaba por las calles o un comerciante vendía bebidas alcohólicas después de la hora límite, las autoridades competentes podían obligarlo, contra su voluntad, a volver a su casa, a cerrar su establecimiento o hasta podían detenerlo, es decir, privarlo de su libertad.

Sin embargo, no puede afirmarse que en tales circunstancias el infractor dejó de ser un ciudadano libre, porque la coacción de que fue objeto no era arbitraria. La coacción que haya sufrido estaba basada en las leyes del Estado. Por consiguiente, una persona goza de libertad cívico-política bajo la Ley.

La Ley, con mayúscula, define, por consiguiente, los límites de nuestra libertad. Empero, la Ley no se aplica a sí misma. Cuando una persona privada o un funcionario público ejercen algún tipo de coacción arbitraria en contra de una persona, para recuperar la libertad es indispensable que pueda recurrir a un juez independiente que haga valer la Ley.

De aquí se deduce que, al final de cuentas, la libertad de cada ciudadano en Guatemala depende, directamente, de la posibilidad de apelar a un juez independiente que haga valer la Ley. La libertad de un guatemalteco de emprender un negocio, de expresar su pensamiento, de disponer de sus bienes, de contratar, de ir y venir, de ejercer una profesión u oficio, de establecer su domicilio y muchas otras dependen, directamente, de la posibilidad de acudir a un juez independiente que haga valer la ley.

Así, en la medida en que la elección de nuestros magistrados y el nombramiento de nuestros jueces se ha convertido en un proceso de negociaciones entre redes, partidos, sectores, etcétera, su independencia se ha ido diluyendo. Y, al paso que su independencia ha ido menguando, nuestras libertades se han ido perdiendo.

Es posible que algunos crean que están suficientemente bien relacionados como para que, si en cualquier momento quedan sujetos a coacción arbitraria, sus enchufes les resuelvan el problema. Eso es un espejismo. En muchas épocas pasadas, algunos que así veían el mundo se encontraron un día con que sus enchufes ya no estaban en el poder… pero tampoco había jueces independientes ante los cuales pudieran pedir la aplicación de la Ley para la protección de su libertad.