Con el amigo José Alfredo Calderón nos correspondió compartir un ciclo de pláticas dirigidas a jueces, periodistas y miembros de organizaciones civiles con respecto a la necesidad de trabajar en torno a la defensa de la independencia judicial como garantía republicana y democrática. Estas actividades fueron promovidas por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y acompañadas por la cooperación alemana.

El colega insistió en su exposición que el partido de gobierno llegó al Congreso con 17 diputados y ahora cuenta con facilidad con más de 80 votos e incluso puede fácilmente llegar a la mayoría calificada al proponérselo. En consecuencia, ¿qué cohesiona a las bancadas en torno a las propuestas oficiales? Esta pregunta es crucial para entender las aguas en que jueces independientes se conducen y ojalá cada quien haga una reflexión personal sobre ello, acá les comparto la mía.

La pandemia ocupó al gobierno en sus primeros meses y obtuvo hasta unanimidad en el Congreso para enfrentar los retos, pero no existe rumbo y cada vez los trinquetes son más evidentes. Seguro escolar o el Insivumeh quizás los más notorios, pero todo suma. El Congreso pudo reunirse de emergencia para aprobar un presupuesto lesivo y luego, tras las protestas, de forma tranquila, adecuarlo para garantizar lo mismo sin aspavientos.

Del plan de gobierno de Alejandro Giammattei, ¿qué ley prometió? Y la respuesta es ninguna. Bastará ver las promesas de campaña para estar de acuerdo. Tenemos un Congreso obediente, para cada momento. Mandan el presidente, Zury Ríos, Álvaro Arzú y Sandra Torres y, por supuesto, la UCN apoyará todo lo que signifique seguir calladita la boca y ejercer su famosa ideología. Las diferencias ideológicas entre la dirigencia política no existen, los mueve el momento e intereses personales, no más.

Alejandro Giammattei llegó al poder porque muchos lo votaron creyendo votar contra Sandra Torres. El resultado está a la vista, pero a esta dinámica se suman Ríos, Arzú y la UCN. Estos operadores no tienen el menor interés por fortalecer el sistema de justicia y menos la independencia judicial, por eso están contentos con que magistrados o funcionarios incómodos salgan al exilio. Léase Claudia Escobar, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, Oscar Schaad, Andrei González, entre otros, y así se dibuja un régimen de los años 70.

Los grupos oficialistas se han vendido como los partidos de derecha, pero la derecha no es sinónimo de mercantilismo, corrupción, censura a las libertades y decisiones anti republicanas, así que esto solo sirve para engañar incautos.

El partido oficial pasó de 17 a más de 80, porque la corrupción no es combatida, la narco economía sigue afianzándose, pero, sobre todo, el sistema mercantilista está garantizado. Basta ver que el ministro de Economía, habiendo sido insigne director del Cacif, no haga una sola propuesta concreta para erradicar los monopolios y oligopolios existentes o, por lo menos, que muestre un poco de mea culpa institucional con propuestas de reforma al sistema bancario porque su antecesor Acisclo Valladares, siendo a la vez miembro de Junta Monetaria, blanqueaba dinero del narco en bancos nacionales.

En Nicaragua se tilda a la lucha contra la corrupción como de derecha. Acá algo se copia, pero cambia adjetivo. Minar los pírricos alcances del sistema de justicia e introducir variables con pretextos ideológicos y religiosos parece ser el esquema de los nuevos regímenes autoritarios del siglo 21.